La trama obtuvo 20 millones en grandes operaciones inmobiliarias

La investigación sobre la trama corrupta desarticulada ayer, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, calcula que los miembros de la red que operaba en el área metropolitana de Barcelona podrían haber obtenido alrededor de 20 millones de euros. En el entramado figuraban empresarios, concejales, ex diputados regionales y ex altos cargos de la Generalitat de la etapa de Jordi Pujol. El cerebro de todos ellos, según fuentes de la investigación, sería presuntamente el ex diputado regional del PSC Luis García (expulsado del partido en 1992).

García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.

El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas. Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cobraban su comisión.

Las comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.

Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).

Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.

Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.

En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.