Una trama urdida desde el corazón del Ejecutivo autónomo

La llamada "trama eólica de Canarias" afloró por un despido. Alberto Santana fue director general de la empresa Siemenca hasta marzo de 2005. Cuando fue despedido, presentó una denuncia en la que alertaba de "presunta corrupción y asociación mafiosa" entre empresarios y altos cargos de la administración canaria con el fin de hacerse con la porción más sabrosa del concurso para adjudicar parques eólicos en el archipiélago. Presentó numerosos correos electrónicos que habían sido enviados desde la dirección general de Industria del Gobierno de autónomo, cuando ese departamento estaba gobernado por el PP y a su frente se hallaba Luis Soria, hermano del líder del PP en Canarias, José Manuel Soria. Presidía el Gobierno Adán Martín, de Coalición Canaria.

Atendiendo a un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en diciembre de 2005 el decreto en el que se sustentaba el concurso. La anulación dio oportunidad al nuevo Gobierno de Canarias de anular el concurso, en plena tormenta mediática por la revelación de las investigaciones judiciales a su consejería de Industria. Con esa decisión, se quedaron sin concesión más de 400 proyectos de unas 200 empresas.

Antes de las últimas elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista pudo publicar las bases de una nueva convocatoria, a la que se han presentado 600 proyectos. Optan a los 440 megavatios en nuevos parques eólicos o a 30 megavatios en aerogeneradores aislados asociados a otras actividades, como desaladoras, colegios u hoteles. La investigación judicial acreditó una trama de funcionarios y empresarios que pretendían enriquecerse con un amaño nutrido de cohechos y violación de secretos, y que les ha costado diversas penas de prisión.