Un trasvase, 112 embalses y 36 desaladoras

El Plan Hidrológico Nacional vio ayer la luz en el Senado tras una tramitación de urgencia (no se ha tocado ni una coma para evitar su vuelta al Congreso antes de publicarse en el BOE) y un debate acalorado. El plan tiene ahora ocho años para crecer y desarrollarse, desafiando a las sequías y los obstáculos que pondrán en su camino aquéllos que se oponen a las obras previstas. El Gobierno está dispuesto a alimentar el trasvase del Ebro, una gigantesca acequía de 845 kilómetros de longitud, con 627.000 millones de pesetas para conseguir que las aguas lleguen desde el Ebro al Júcar y al Segura y a la remota Almería. También hay presupuesto multimillonario para 112 nuevos embalses y 36 desaladoras.

El plan pretende el equilibrio hídrico de España para que el agua que sobra en una esquina pueda llegar al córner que sufre de sed. Difícil tarea, porque no son pocos los que se oponen a que se saque agua del Ebro, un río conocido como el más caudaloso de España y que es reivindicado como propio por los habitantes de cada comunidad por la que pasa. La Plataforma para la Defensa del Ebro, dispuesta a plantear batalla legal, aseguraba ayer mismo que el río no es excedentario, a pesar de que cada mes se vierten en el Mediterráneo más de 1.000 hectómetros cúbicos sin que nadie los aproveche. Ni las garantías de suministro para los regantes y consumidores que beben del Ebro (no habrá trasvase salvo que el río lleve una cantidad mínima ni durante los meses de verano) ni la anunciada inversión de 75.000 millones en el Plan Integral del Delta del Ebro han podido romper esta oposición.

Las obras tendrán que comenzar de inmediato para que en el periodo de vigencia del plan puedan construirse cuatro canales de transporte de agua (uno de ellos en Palma de Mallorca), las desaladoras (cinco para Baleares, 12 para Canarias y hasta una en Melilla), y los embalses (la mayoría en el triángulo que componen el Ebro y sus afluentes).