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El tribunal del 11-M fija en 900.000 euros las indemnizaciones para los familiares de los fallecidos

La Sala matiza la condena a Zougam y El Gnaoui y se la rebaja en cinco años, aunque cumplirán la misma pena

EFE - Madrid - 02/11/2007

 
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El tribunal del 11-M ha fijado hoy en 900.000 la indemnización que recibirá cada uno de los familiares de las víctimas mortales de los atentados. Además, en una aclaración de la sentencia, la Sala ha restado cinco años al total de la pena que deberán cumplir Jamal Zougam y Otman el Gnaoui, al establecer en un auto aclaratorio que la condena por los 1.856 homicidios en grado de tentativa es de 20 años menos un día, y no de 20 como establecía inicialmente la sentencia.

No obstante, esta reducción que supone restar cinco años a la condena total de 42.924 de El Gnaoui y 42.922 de Zougam, no tiene ningún efecto práctico, ya que ambos cumplirán la pena máxima de 40 años establecida en el actual Código Penal. La sentencia hecha publica el pasado miércoles establecía una pena de 20 años para cada tentativa de homicidio, y al restar un día por cada uno de esos delitos, el cómputo total de la condena que deberán cumplir Zougam y Gnaoui es de 15 años de cárcel por dichos delitos.

Así, el total de años de prisión para Zougam será de 42.917 años y de 42.919 para El Gnaoui, ambos condenados como autores de 191 homicidios consumados, 1.856 homicidios en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas.

Indemnizaciones fijadas

El auto emitido hoy también fija la indemnización para los familiares de los 191 fallecidos en la masacre de Madrid, así como los del GEO Francisco Javier Torronteras, que murió en Leganés, que recibirán 900.000 euros. De esta forma, el tribunal subsana la omisión de la cifra económica establecida para las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, ya que debido a un error por las continuas correcciones de la sentencia, en ella sólo aparecían las cantidades fijadas para los heridos y víctimas directas e indirectas de la masacre, entre los 30.000 y un millón y medio de euros.

El tribunal acordó que los acusados Jamal Zougam, Otmal el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel, debían hacerse cargo de las indemnizaciones en su integridad. En el caso de la indemnización a la familia del GEO, fallecido el 3 de abril de 2004 en la explosión del piso de Leganés en el que se suicidaron siete de los autores de la masacre, es el ex minero Trashorras, quién responderá de la cantidad total.

Además de establecer 900.000 euros para los fallecidos, en el auto de hoy se acuerda que se añada un párrafo en el apartado relativo a las indemnizaciones en el que se fija "la subrogación a favor del Estado por las cantidades abonadas a las víctimas". Fuentes del tribunal han explicado que esto significa que cuando los condenados paguen a las víctimas, éstas tendrían que descontar de esa cantidad la parte que ya les ha abonado el Estado.

Así, aunque los condenados se declaren insolventes, la sentencia le reconoce al Estado su situación de acreedor respecto a los acusados. El tribunal aún tiene pendiente emitir alguna aclaración más de la sentencia, por lo que aunque los acusados tienen la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, el plazo para presentar ese recurso no comenzará a correr hasta que no se hayan emitido todos los autos aclaratorios. Los condenados no tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones hasta que la sentencia sea firme, extremo que no se concretará hasta que se resuelvan los recurso de casación.

Una sentencia histórica

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado hoy que la sentencia por los atentados del 11-M "cierra definitivamente el paso triste y patético a todos aquellos que durante mucho tiempo intentaron ocultar bajo un manto de engaños y tergiversaciones la verdad sobre los hechos".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta juzgó "histórica" la sentencia porque demuestra "el buen hacer" de los Cuerpos de Seguridad al poner a disposición de la Justicia las personas, las pruebas y las investigaciones. Se ha demostrado, añadió, "la solvencia de un sistema judicial que ha sido capaz de esclarecer, enjuiciar y sentenciar, con rapidez y con todas las garantías que marca el Estado de Derecho, uno de los mayores atentados perpetrados por el terrorismo internacional en el mundo".


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