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Un tribunal de Guatemala impide al juez Pedraz hacer diligencias en el país

Un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala suspendió ayer por tiempo indefinido las diligencias judiciales que tenía previsto realizar la próxima semana en aquel país el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz. El secretario de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Arauz, dijo que "las diligencias fueron suspendidas indefinidamente debido a que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción aceptó un recurso interpuesto por unos de los procesados".

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Manifestación en Guatemala en apoyo al juez Pedraz

Pedraz y el fiscal español Jesús Alonso, que tienen previsto llegar al país hoy, sábado, pretendían interrogar a seis de los ocho ex altos cargos guatemaltecos procesados ante la Audiencia Nacional de España por iniciativa de la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas. El recurso fue interpuesto por el ex director de la desaparecida Policía Nacional, Germán Chupina, al considerar que el juez Saúl Álvarez, titular del Tribunal Undécimo de Primera Instancia Penal, es incompetente para conocer, junto a Pedraz, el caso promovido por Menchú.

El general golpista José Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, también presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad para evitar ser interrogado por Pedraz. Este recurso deberá ser resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad entre hoy y mañana.

Además de Chupina y Ríos Montt, las demanda de Menchú está dirigida en contra del también general golpista Oscar Mejía Víctores (1983-1986), los generales Benedicto Lucas y Ángel Guevara, y Pedro García Arredondo, el ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982), quien murió en Venezuela hace un mes, y el ex ministro de Interior Donaldo Álvarez, prófugo de la justicia desde diciembre de 2004.

Además de delitos de lesa humanidad, los imputados deben responder del asalto por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1980 a la embajada de España, donde murieron 37 personas, y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles.

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