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INFORME DE HACIENDA SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO DE CAMPS

El tribunal activa la investigación a la cúpula del PP valenciano por la Gürtel

La confirmación de indicios de delito obligaría a remitir la causa a Valencia

El juez Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, ha activado la investigación a la cúpula del Partido Popular de Valencia, que preside Francisco Camps. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza la supuesta financiación ilegal de este partido a través de contratos de la administración autonómica y Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo del presidente regional a tenor de las conversaciones telefónicas que mantenían.

La Agencia Tributaria ha recibido el encargo del juez de elaborar un informe sobre esta presunta financiación ilegal, analizando además a todas las empresas que hubieran participado en la trama.

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Un informe policial de julio de 2009, basado en documentos hallados en la sede de Orange Market y en escuchas telefónicas a miembros de la trama, sostiene que, bajo el mando de Camps, el PP valenciano se ha financiado ilegalmente a través de la empresa de Álvaro Pérez y de al menos cinco compañías, constructoras y de servicios que obtuvieron contratos de la Generalitat valenciana.

Camps llegó al poder en mayo de 2003 y asumió la presidencia del PP valenciano en 2004. La trama de corrupción más extensa conocida en democracia, ligada a gobiernos del PP, salpica a numerosos cargos de la cúpula valenciana de este partido. El sumario judicial arroja luz sobre las maniobras de la trama para hacer negocios con la connivencia y ayuda de los principales colaboradores del presidente Francisco Camps, e incluso del propio jefe del Ejecutivo.

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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó abrir una causa por supuesta financiación ilegal relacionada con la trama Gürtel, aduciendo que el caso ya estaba siendo investigado en Madrid. Los socialistas valencianos presentaron una querella basada en las conclusiones del informe policial, que apuntaba pagos no declarados a Hacienda por valor de 6,3 millones de euros; la colaboración de cinco empresas valencianas en la financiación de actos del PP; y amaños de Orange Market para cuadrar sus cuentas.

En ese informe se recogían también las conversaciones mantenidas por los jefes de la trama corrupta con dirigentes del PP y del Gobierno valenciano sobre el cobro de deudas, algunos incluso en dinero negro.

Pese a todas estas evidencias, el PP ha evitado tomar medidas contra los implicados, escudándose en que ningún tribunal ha dictado aún auto de imputación contra los dirigentes que aparecen citados en el informe policial. Si el juez Pedreira confirmase los indicios de delito existentes en el sumario contra los dirigentes valencianos, debería remitir esa parte de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por tratarse de cargos públicos aforados.

En la última parte del sumario hecha pública por el juez aparecen varios dirigentes valencianos salpicados por la investigación:

- Milagrosa Martínez. La Fiscalía Anticorrupción ha redactado un escrito en el que sostiene que la presidenta de las Cortes valencianas -que antes fue consejera de Turismo- cometió un presunto delito de cohecho al aceptar al menos un reloj de lujo valorado en 2.400 euros de manos de un empresario, Álvaro Pérez, al que su departamento adjudicaba sistemáticamente el montaje y desmontaje del pabellón autonómico en la feria de turismo Fitur, amén de muchos contratos complementarios otorgados a dedo. Anticorrupción no solicitó sin embargo su imputación porque el delito ya había prescrito.

- Vicente Rambla. El vicepresidente autonómico aparece en conversaciones con El Bigotes representando un papel de cómplice en la gestación de un negocio para la trama corrupta: organizar la gala de los premios Grammy en la Comunidad Valenciana. Además, su mujer habla con El Bigotes sobre un regalo muy especial que éste le hizo.

- Carlos Vargas. Según las conversaciones interceptadas, el director de la Feria de Valencia ayudó a El Bigotes a cerrar distintos negocios, y adjudicó a su empresa 1,43 millones de euros en contratos sólo en 2008.

- Francisco Camps y Ricardo Costa. El presidente y el número dos del PP valenciano eran amigos íntimos de El Bigotes. En las conversaciones entre ellos se mencionan múltiples agasajos de la trama a ambos dirigentes.

Camps, en un acto el viernes en las Cortes valencianas.
Camps, en un acto el viernes en las Cortes valencianas.CARLES FRANCESC

Más pruebas de cohecho impropio

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió archivar -por dos votos a uno- la causa contra Francisco Camps, al entender que los regalos recibidos de la trama Gürtel -varias prendas de ropa, en el curso de al menos dos años- no estuvieron relacionados con su cargo al frente del Gobierno valenciano, administración que adjudicó decenas de contratos a dedo a la trama.

Así lo motivaron los dos magistrados: "En consecuencia, dada la ausencia del requisito de la necesaria relación de causalidad, que es de insistir es un requisito estructural del tipo penal, procede la estimación parcial de los recursos interpuestos, en el sentido de considerar que los hechos imputados no son constitutivos del delito imputado de cohecho pasivo impropio del artículo 426 del Código Penal, y todo ello respecto de todos los recurrentes imputados, ya que, además del Sr. Costa, ya excluido anteriormente de la aplicación del tipo, los restantes no tenían por objeto de su cargo o función, conforme a lo anteriormente manifestado, ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, S. L., no constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento".

En el sumario del caso Gürtel se incluyen conversaciones de Álvaro Pérez, presidente de esa sociedad, que acreditan que sus agasajos a gobernantes valencianos y a sus esposas -gastó decenas de miles de euros en regalos- tenían como único objeto ganarse su confianza para lograr así contratos de la Administración valenciana.

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