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Juicio por el mayor atentado en España

El tribunal rechaza por innecesario el careo entre Díaz de Mera y su supuesta fuente

Hoy declara como perito el comisario que según el eurodiputado manipuló un informe

El careo entre el ex director general de la policía y eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, y el comisario Enrique García Castaño no se celebrará. Así lo ha decidido el tribunal, que considera innecesaria la prueba para el esclarecimiento de los atentados en los trenes de cercanías. El eurodiputado aseguró en un escrito dirigido al tribunal que el comisario le había informado de la supuesta manipulación de un informe que recogía posibles vínculos entre ETA y los islamistas en relación con el 11-M. Lo hizo una semana después de que en el juicio se negase a revelar la supuesta fuente de la información.

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Sin embargo, días después, Enrique García Castaño declaró en la vista que nunca informó a Díaz de Mera en ese sentido, sino que el informe en cuestión estaba incorporado al sumario y concluía que no había ningún vínculo entre ETA y los autores del atentado.

Además, el policía agregó que el eurodiputado popular le había telefoneado, había invocado su vieja amistad y le había pedido ayuda para salvar la incómoda situación política y procesal -ya había sido multado con 1.000 euros y se había abierto un proceso contra él por desobediencia grave al tribunal- en la que se encontraba. El agente, según dijo, le contestó que no podía mentir para salvarle. Tras escuchar la declaración, Díaz de Mera y dos de los letrados que sostienen la teoría de la conspiración solicitaron un careo al tribunal.

En el escrito que Díaz de Mera había remitido al tribunal mencionaba que el ex comisario general de Información Telesforo Rubio había encargado al comisario Domingo Pérez Castaño, experto en la lucha antiterrorista, un informe sobre posible conexiones entre ETA y los islamistas, pero que a éste no le gustaron las conclusiones, prescindió de los servicios de Pérez Castaño, lo trasladó al País Vasco y encargó al también comisario José Cabanillas que manipulara el informe y omitiera los vínculos entre los islamistas y ETA, aunque finalmente fueron otros dos funcionarios los que le dieron la redacción final.

Pero García Castaño negó todo esto ante el tribunal, y ser la fuente de Díaz de Mera. Por el contrario, afirmó que el informe estaba incorporado al sumario y que, que él supiera, no hubo manipulación alguna, sino que, salvo puntuales y esporádicos contactos en las prisiones entre presos, no había habido ningún vínculo entre ETA y los islamistas.

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Desobediencia

El comisario Pérez Castaño, que no está destinado en el País Vasco, sino en Madrid, también negó los hechos que Díaz de Mera le atribuía. Fue en un escrito elevado a sus superiores al día siguiente de la declaración judicial del eurodiputado.

Sin embargo, su testimonio y el del comisario Telesforo Rubio no serán escuchados en el juicio, porque el tribunal considera que ya ha depuesto la supuesta fuente de Díaz de Mera "y se ha practicado o están pendientes de practicar otras pruebas que permitirán al tribunal valorar la credibilidad del testimonio". Es decir, que no es relevante para el esclarecimiento de los hechos, aunque es posible que sí lo sea en el procedimiento que se abra en el Tribunal Supremo por el supuesto delito de desobediencia o de falso testimonio de Díaz de Mera, una vez que el Parlamento Europeo confirme su condición de eurodiputado. De momento, el escrito del tribunal ya ha llegado a Estrasburgo.

Únicamente Cabanillas declarará en el juicio, pero porque ya había sido propuesto en calidad de perito y de testigo. Los que han sido propuestos con posterioridad han sido rechazados por el tribunal. En cualquier caso, el tribunal, al rechazar el careo, señala que, según la ley, "sólo se practicará cuando no fuese conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de los procesados", circunstancia que no concurre en ninguna de las peticiones formuladas. En el auto, los magistrados critican a los letrados que propusieron el careo, ya que señalan: "No se alcanza a comprender, desde la posición procesal que les corresponde y atendido el objeto del proceso, cuál es el interés o incluso la legitimación para la propuesta".

Los magistrados han rechazado también la mayoría de las pruebas extras que habían sido propuestas por los abogados de la acusación y de la defensa, ya que, a su entender, las nuevas pruebas deben servir para acreditar alguna circunstancia que "pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo". Así, ha negado un careo entre el confidente Cartagena y sus controladores de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la policía sobre si vieron a Serhane el Tunecino en un restaurante de Madrid.

Lo único que el tribunal ha admitido es que se incorpore la declaración ante el juez del yihadista Kamal Ahbar, cuyo testimonio quedó en entredicho en la sesión del lunes al incurrir en numerosas contradicciones.

En la sesión de ayer, acabó finalmente la prueba testifical y hoy se iniciará la pericial, pero curiosamente, en esta primera sesión, declarará José Cabanillas, por lo que seguro que será preguntado por las declaraciones de Díaz de Mera.

Algunos de los acusados en el juicio del 11-M, durante la sesión de ayer.
Algunos de los acusados en el juicio del 11-M, durante la sesión de ayer.EFE / TVE

La sisa de cartuchos

La seguridad de los explosivos de las minas ha aumentado "enormemente, un 100%" desde el 11-M, pero a día de hoy es "imposible" evitar las sisas de pequeñas cantidades de dinamita, el descuido de "uno o dos cartuchos". La Intervención de Armas y Explosivos del instituto armado y la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalurgia (Confedem) detallaron la carencia de medios materiales y personales para el control de explosivos y cómo a partir de 1999 y luego, desde 2002, la vigilancia de los polvorines se dejó en manos de empresas de seguridad privada.

El presidente de Confedem, José Moya, explicó que a partir de 1999, al aprobarse la ley de Seguridad Ciudadana, la Guardia Civil perdió competencias en el control de explosivos mineros; que se puso "en manos de chavales de 20 años, vigilantes privados de seguridad", la vigilancia de los polvorines de 3.000 explotaciones mineras. Los empresarios criticaron la medida, aunque Moya reconoció que de toda la vida "los explosivos han dormido en el campo".

En coincidencia, el coronel José Luis Bayona, jefe de la Inspección Central de Armas y Explosivos del instituto armado, detalló que nunca tuvieron ni medios ni personal "para entrar en todas las voladuras", a pesar de lo cual sus hombres detectaron "posibles fugas de material explosivo sobrante". Pero "sólo pequeñas cantidades". El responsable de la misma unidad en Asturias, el cabo Gabriel García, contó que en 1999 fue sancionada la empresa de mina Conchita, sin explicar por qué. Lo que sí especificó es que es imposible saber cuánta dinamita consume cada artillero en la mina, "salvo que hubiera un guardia tras cada trabajador". La sisa es posible.

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