El tripartito descarta que se retrase el pleno

El tripartito vasco no ve posibilidades de que la oposición pueda retrasar la celebración del pleno del día 27 en el que el Parlamento vasco debe aprobar o rechazar el proyecto de ley para la consulta. Así lo manifestó ayer la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, pese a precisar que la tramitación del proyecto corresponde a los órganos de la Cámara. En la reunión que celebrará la Mesa del Parlamento el próximo martes, tanto el PSE como el PP se pronunciarán en contra de que el proyecto de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, pasando directamente al pleno. Consideran que no se dan las circunstancias de "urgente necesidad" para las que el Reglamento de la Cámara reserva esta vía.

Sin embargo, PNV, EA y EB tienen mayoría en la Mesa, por lo que caben pocas dudas de que el proyecto pasará el primer filtro parlamentario. La duda está en si, finalmente, el PP recurrirá en amparo esta calificación ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los parlamentarios. Los populares sopesan presentar un recurso en este sentido, aunque no es seguro que fuera admitido a trámite ni que ello implicara la suspensión del trámite, trastocando todo el calendario del lehendakari.

De momento, el PP ha presentado una moción en las Juntas Generales de Álava en la que plantea el rechazo a la consulta por considerarla contraria a lo que determina el Estatuto de Gernika y la Constitución, y pide que se debata antes del 27 de junio. Dado que si los socialistas suman sus votos al PP tienen mayoría en las Juntas, es posible que la iniciativa salga adelante.

Desde las filas socialistas, pese a considerar que el Gobierno vuelve a forzar los trámites con el proyecto de ley, se descarta adoptar medidas que puedan prolongar un proceso al que no ven recorrido legal. Por el contrario, se aprestan a responder políticamente al intento del Ejecutivo de cambiar la orientación de su gestión en el tramo final de la legislatura.

El anuncio del lehendakari de que se prepara un plan de estímulo a la inversión y otras iniciativas se contempla desde el PSE como un intento de dar al Gobierno un "lavado de cara" social para preparar las elecciones, se celebren en octubre o en febrero.