Los trucos de la Generalitat y El Bigotes

El Gobierno valenciano troceaba en pequeñas cantidades contratos públicos que adjudicaba a la empresa Orange Market, el núcleo valenciano de la trama Gürtel de corrupción vinculada a instituciones del PP. De esta forma, con contratos por debajo de 12.000 euros, eludía la obligación legal de convocar un concurso público y podía hacer la adjudicación a dedo a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, muy vinculado al presidente Francisco Camps, a quien regalaba trajes a medida hechos en tiendas de Madrid, según la investigación.

Esta evidencia aparece reflejada en un informe que detalla todos los contratos adjudicados a Orange Market y que elaboró la propia Generalitat valenciana para enviarlo al Tribunal Superior de Justicia valenciano. En esa causa están imputados por un presunto delito de cohecho Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Camps y Costa niegan los hechos. El juez ha convocado una vista el próximo miércoles (a la que los imputados no acudirán) para decidir si abre juicio contra ellos.

El informe no se refiere a otras sociedades de la trama. Pero refleja decenas de contratos obtenidos por Orange Market. La empresa organizadora de eventos se creó de la nada en Valencia en 2004, tras llegar Camps al Gobierno. Un año después ya facturaba 2,4 millones de euros, el 70% por contratos con la Consejería de Turismo, según la investigación que llevó el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Aunque el contrato principal, el pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria de Turismo en Madrid (Fitur), lo logró por concurso (Orange Market ha obtenido esta adjudicación millonaria todos los años desde 2005, cuando ganó a pesar de presentar la oferta más cara), buena parte de los 47 contratos se hicieron a dedo. La mayoría de las consejerías, fundaciones y patronatos que contrataban a la empresa de Pérez optó por la fragmentación de un mismo trabajo en varios, justo por debajo de los 12.000 euros.

Esta misma argucia era utilizada por el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (dimitido y suspendido de militancia en el Partido Popular) para adjudicar contratos en Madrid a las empresas de Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.

Por ejemplo, en Valencia la empresa de Pérez organizó en 2005 el Segundo Congreso de Sofware Libre. Costó 48.000 euros, pero se dividió en cuatro contratos distintos por conceptos como diseño exterior y montaje, alquiler de material, transporte, desmontaje y organización. El consejero de Educación era el mismo que hoy sigue ejerciendo el cargo, Alejandro Font de Mora.

En 2006, también se fragmentó la contratación para el Open de Tenis. Se hizo un contrato para el montaje y la organización y otro para pagar al personal auxiliar y las azafatas. Para los premios de Salud y Sociedad de aquel año se adjudicó un contrato para su diseño (11.510 euros) y otro distinto para pagar a las azafatas y la presentación del evento (4.808 euros). El responsable de Sanidad era Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración y Ciudadanía.

Más ejemplos, citados por la propia Generalitat en su informe para el Tribunal Superior. Para el montaje de un acto en la Ciudad de la Justicia en 2007 se adjudicó a Orange Market por parte del director del gabinete del entonces vicepresidente Campos (hoy imputado) un contrato de montaje por 11.000 euros. Para el mismo acto, el director general de Interior de la Consejería de Justicia adjudicó otro contrato a la empresa por 8.000 euros para material audiovisual y personal técnico.

Para que Orange Market realizara un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico se hicieron dos contratos. Uno adjudicado por el director general de Asistencia Sanitaria por importe de 11.884 euros para el alquiler del equipo y la realización; y otro, del secretario de Sanidad, por 11.930 euros para la producción y el sonido del mismo vídeo.

En la relación de contratos figura también la compra de 1.000 aparatos de radio y 2.000 pilas; el suministro de 1.000 carpetas portadocumentos para el Congreso Familia y Escuela (9.860 euros); la presentación de planes contra la violencia machista; un acto para promocionar un circuito de Golf; y otro gran contrato, por 516.000 euros, para un acto en la salida de las regatas en Alicante de la vuelta al mundo de Vela.

Los altos cargos que adjudicaron estos contratos a Orange Market y que han comparecido ante el juez lo han justificado diciendo que la empresa era conocida como uno de los proveedores de la Generalitat valenciana. Sin embargo, en 2005, cuando logró la mayor facturación por contratos de su historia, la empresa de El Bigotes, no había trabajado nunca antes para esa Administración.

La investigación judicial se ciñe a los contratos de Orange Market, aunque de las declaraciones de algún colaborador próximo a Camps se deduce que otras empresas de la trama corrupta también se beneficiaron. Por ejemplo, DownTown (nombre original de Easy Concept), otra sociedad de la red que dirigía Correa, se encargó de unos regalos de Navidad de la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Empresas públicas, como Vaersa, o fundaciones de la Generalitat, como Agua y Progreso, también han contratado con El Bigotes.