La unidad de inteligencia militar de Ceuta investigó a decenas de civiles
Un equipo de seis guardias civiles espiaba a las órdenes del teniente coronel destituido por Defensa - La red de investigación desmantelada actuó al menos desde 2005 y con dos jefes distintos
La unidad de inteligencia militar de Ceuta puso en marcha toda una trama de espionaje a la población civil. El teniente coronel destituido, José María Albarracín, tenía a sus órdenes, según fuentes cercanas a la investigación, a seis guardias para investigar ilícitamente las actividades de decenas de ciudadanos, no sólo a los líderes de UGT y CC OO y una asociación de vecinos, como se ha informado oficialmente hasta ahora. Los seis agentes han sido apartados del servicio, y a algunos se les ha retirado el arma reglamentaria. En el caso aparece implicado también el anterior jefe de la unidad. Los espiados consideran que el oficial destituido (y que ha intentado suicidarse) es sólo una cabeza de turco de un operativo más amplio.
En el caso aparece implicado otro oficial, el anterior jefe de la unidad de inteligencia
La Sección Segunda de la Comandancia General de Ceuta, perteneciente al servicio de inteligencia del Ejército, no sólo investigó a los dirigentes de los sindicatos UGT y CC OO y a la asociación de vecinos del barrio ceutí de El Morro. Los expedientes, informes y bases de datos sobre ciudadanos que vertebran la vida civil de Ceuta realizados en los últimos años por esta unidad se cuentan por decenas, según fuentes próximas a la investigación.
Este servicio estaba bajo el mando del teniente coronel José María Albarracín Martín
de la Oliva, de 44 años, actualmente hospitalizado en la UCI del centro Puerta del Mar de Cádiz como consecuencia del doble intento de suicidio que protagonizó tras su destitución fulminante, el pasado 24 de enero, al destaparse el caso. Albarracín apenas llevaba un año destinado en Ceuta. A sus órdenes trabajaba un equipo de seis guardias civiles (un sargento y cinco agentes), que también esperan su cese en los próximos días. Supuestamente, se encargaban de cumplir la órdenes y hacer el trabajo de campo de recogida de datos sobre los civiles. Esta red militar actuó al menos desde 2005 y bajo dos jefes distintos.
Desde que saltó el escándalo, estos seis agentes viven apartados del servicio e incluso les han quitado las llaves de los despachos y, a algunos de ellos, el arma reglamentaria. Han prestado declaración en varias ocasiones ante el instructor del expediente.
Un portavoz del Ministerio de Defensa consultado por este periódico se limitó a afirmar que se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido por orden del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Villar, y que no se ofrecerán datos oficiales hasta que concluya la investigación. Hasta ahora, Defensa sólo ha reconocido que esta unidad inició el 11 de abril de 2005 la recogida de información sobre composición y filiación política de las direcciones de UGT y CC OO en Ceuta; y que el 27 de enero de 2006 inició otra sobre la composición de la junta directiva de una asociación de vecinos. Se trata de la asociación de El Morro, un barrio de clase media y población musulmana y cristiana, donde se encuentra la Universidad.
La investigación a los sindicalistas duró un mes, según Defensa, y la que afectaba a la asociación de vecinos concluyó a los dos meses de haberse iniciado.
En el caso aparece implicado otro oficial, además de Albarracín. Se trata del anterior jefe de la unidad de inteligencia, el teniente coronel Francisco Berenguer, destinado actualmente en el cuartel general del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN en Rheindahlen (Alemania). Este oficial ha regresado a Ceuta esta semana para prestar declaración, ya que algunos informes se realizaron mientras él estuvo al mando del servicio de inteligencia. En el mismo están destinados otros 17 militares que, de momento, no se han visto salpicados por lo ocurrido.
El 29 de enero, el teniente coronel Albarracín, que había sido destituido pero no arrestado, se cortó las venas de los antebrazos con un cúter en un cuarto de baño del edificio de la comandancia y saltó al vacío por una ventana de la tercera planta, a unos cuatro metros de altura, en un patio interior. Antes de su intento de suicidio se encontraba en tratamiento con antidepresivos.
Juan Luis Aróstegui, secretario general de Comisiones Obreras y uno de los espiados, no cree que Albarracín fuera el último responsable sino que, en su opinión, actuaba "dentro de una cadena de mando". Este dirigente sindical cree que el teniente coronel ha sido "el cabeza de turco que ha utilizado el Ejército para lavar su imagen".
Aróstegui quiere que el ministerio le entregue una copia del informe que la unidad de inteligencia hizo sobre su persona y sus actividades profesionales, familiares y políticas; así como que 1e diga quién lo ordenó y qué objetivo y utilidad cumplía.
Una vez que tenga esta documentación en su poder, se plantea llevar el asunto a la Audiencia Nacional y no descarta querellarse contra el comandante general de Ceuta, Luis Gómez Hortigüela; el jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, Pedro Pitarch, y el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, "porque aquí se ha desplegado todo un operativo de investigación de la sociedad civil, una actuación ilegal en la que han terminado pagando el pato seis guardias civiles y un teniente coronel".
El líder de CC OO defiende a Albarracín. "Sé que es un buen profesional y un excelente militar que injustamente ha cumplido unas órdenes que nunca tendrían que haberse emitido", afirma.
Otro de los dirigentes sindicales espiados, Antonio Gil, máximo responsable de la UGT ceutí, también pide que se esclarezca "al máximo" hasta dónde se llegaba en los informes, muchos de los cuales podrían no limitarse a la filiación política de los investigados, y ahondar en el terreno personal. "Soy transparente. Todos en Ceuta saben quién soy y a lo que me dedico", explica. Gil, que es militante activo del PSOE y miembro del Consejo Económico y Social de Ceuta, se ha sentido "como en una diana", aunque lo que peor lleva es que la investigación haya tenido un objetivo político.
"Ha habido un exceso de celo por tener dominada toda la ciudad en un momento dado, no sabemos por qué", subraya Aróstegui, "y es necesario aclarar si esto que se ha destapado en Ceuta estaba ocurriendo también en otras ciudades".
Los más incrédulos han sido los miembros de la asociación de vecinos de El Morro, donde se espiaba a uno de sus dirigentes. Nunca sospecharon nada, dice el presidente de la Federación Vecinal de Ceuta, José Ramos, que sigue sorprendido porque el movimiento que dirige, y en el que se integran 64 asociaciones, también estuviera en el punto de mira de la inteligencia militar.
