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Las ramificaciones del 'caso Malaya'

"Que lo vea Paco y decida"

La policía grabó conversaciones de Rocacon el vendedor de la casa del juez Urquía

Javier Martín-Arroyo

Varias llamadas del cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, advirtieron a la policía que los tentáculos de la corrupción habían alcanzado también a la justicia.

El 17 de marzo de 2006, a las 13.11, Roca y el vendedor de la casa del juez Urquía, José María del Pino, mantuvieron esta conversación telefónica:

Roca. ¿Sí, José María?

José María. Sí.

R. Oye, perdona, que estaba hablando con Santiago.

J. M. Sí.

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R. Y me dice que al final habíamos quedado 70.

J. M. 70 y medio.

R. Setenta quinientos, ¿no?

J. M. Esto es.

R. Vale, de acuerdo.

J. M. En pesetas (se ríe).

R. Sí. ¿Qué plaza de garaje te quedabas tú?

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J. M. Mmm, bueno, yo ahí te lo dejo escoger, la que él quiera (...).

R. Pues entonces que lo vea Paco y que él decida, ¿vale?

J. M. Venga, fenomenal.

R. Hasta ahora.

Se trata de una llamada de Roca a Del Pino para confirmar la cantidad que había pactado con Urquía (70,5 millones de pesetas, es decir, 423.000 euros) a cambio de favores judiciales. Del Pino tranquiliza a Roca sobre el pago en conversaciones posteriores, asegurándole que esa cifra "no va a figurar" en el contrato de compraventa. Roca justifica su interés "por saber la excelencia que hay que pagar" al empresario.

Dos años después, el pasado 22 de julio, Roca confirmó los hechos que se le imputaban ante el tribunal que le juzgaba junto a Urquía, dejando estupefacto hasta a su propio abogado. "Yo pagué 73.800 euros a Urquía para la compra de su casa", dijo el cerebro de la trama marbellí. "Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos al mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina", prosiguió Roca.

El segundo caso por el que el juez Urquía está siendo investigado se lo encontró por casualidad el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, Juan Francisco Ramírez Barroso, mientras investigaba otra causa. Se trata de un presunto intento de extorsión supuestamente fraguado por el juez y su amigo Arnaud Fabrice Albouhair en el marco de la operación Hidalgo contra el blanqueo de dinero.

El empresario paquistaní Azan Khan abonó un supuesto soborno de 60.000 euros a Urquía para salir de prisión. La operación se fraguó a través Albouhair. Urquía había enviado a prisión tanto a la mujer como a un sobrino de Khan, uno de los principales clientes del despacho de abogados Cruz Conde, corazón de la trama de blanqueo investigada.

"Unos días después y ante la desesperación" por su situación, -escribió el juez Ramírez Barroso en una exposición razonada enviada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, Khan telefoneó a un familiar para que contactara con Albouhair, a quien entregó 60.000 euros en una bolsa de plástico en una cafetería marbellí. "La oferta que ambos habían acordado llegó a concretarse en que el testigo protegido debía entregar a Arnaud [Albouhair] la cantidad de 60.000 euros, 20.000 por cada miembro de la familia", detalló el juez de Málaga.

Días después, Urquía decretó libertad para los tres reclusos: Khan, su esposa y su sobrino. El empresario paquistaní abonó otros 200.000 euros por las fianzas impuestas.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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