Cuando el voto se vende a seis euros
La Fiscalía investiga en Galicia el aumento del censo de emigrantes en varios pueblos y a supuestos captadores de votos
La papeleta que le hizo perder al BNG su undécimo concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra hace cuatro años habría costado seis euros al cambio. Así lo denunció el edil nacionalista César Mosquera en la Diputación Provincial sin que en Galicia se levantara un gran revuelo. Mosquera explicó ante el pleno que su partido había rechazado en las municipales pasadas una oferta para recolectar apoyos en América a razón de entre 8 y 10 dólares el voto.
En la misma provincia, el candidato socialista de Vila de Cruces envió a finales de marzo un correo electrónico a sus compañeros de Buenos Aires pidiendo presupuesto para contratar a un agente electoral al que pretendía pagar sueldo fijo y comisión en función del número de sufragios recaudados en Argentina. El PSOE gallego lo atribuyó a la inexperiencia de un cabeza de cartel novato.
El 27 de mayo, 319.042 emigrantes podrán elegir alcaldes en las ciudades gallegas
En el municipio coruñés de Vilarmaior (PP), el CERA creció un 82% en cuatro años
También por esas fechas un residente en Montevideo retrató con su teléfono móvil al presidente de la Diputación de Pontevedra, el popular Rafael Louzán, recopilando personalmente fotocopias de pasaportes y firmas en blanco a sus 800 invitados antes de ofrecerles carne y sardinas.
Todo eso sigue sucediendo en la comunidad de los 320.000 emigrantes censados. Galicia esperó durante ocho días las sacas de la diáspora en los últimos comicios autonómicos para confirmar el relevo de Fraga, y casi dos años después sigue aguardando una reforma del sufragio exterior que establezca unas mínimas garantías.
De momento no las hay. Con la fórmula actual del voto rogado, una mera copia del pasaporte y un garabato ilegible permitiría a los partidos solicitar a la Junta Electoral que envíe el certificado censal a una dirección convenida. Con esa documentación en sus manos, cualquiera -los departamentos de correos en Argentina, Uruguay y Venezuela no exigen que sea el titular del voto- puede ya enviar la papeleta a España. Mientras los distintos grupos políticos se intercambian acusaciones, el Censo de Españoles de Residentes Ausentes (CERA) sigue engordando en 300 de los 315 municipios gallegos.
En algunos de forma espectacular. El de Vilarmaior en A Coruña donde gobierna el PP se incrementó un 82% desde las últimas elecciones. Si en 2003 fueron 81 emigrantes los que pudieron votar, este 27 de mayo podrán hacerlo 148 en un censo que no alcanza los 1.100 electores. Su alcalde, Carlos Vázquez, dice no tener una explicación: "Debe tratarse de un error del Instituto Nacional de Estadística". Pero los funcionarios municipales le corrigen: "Los datos han salido del padrón municipal".
La sospecha se extiende también sobre los incrementos del padrón en otros feudos del PP que se reparten por las cuatro provincias: ayuntamientos como los de A Mezquita, en Ourense (incremento del 36%), Samos, en Lugo (30%), y Cotobade, en Pontevedra (25%), duplican el crecimiento de sus respectivas provincias.
Cerca de la Costa da Morte, en Vimianzo, con alcalde socialista, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga por qué el CERA ha crecido en 618 personas durante la última legislatura y también si el regidor pagó con dinero público sus repetidos viajes al Cono Sur. El veterano alcalde tampoco sabe "nada" sobre el crecimiento del censo que incluye ya a 3.007 emigrantes -de un total de 8.330 potenciales votantes-. "Yo no tuve nada que ver en los empadronamientos, ni siquiera creo que sean tantos como se dice. El Cera está en Internet, pero yo no manejo ordenadores", se disculpa Alejandro Rodríguez, quien se confiesa "cansado del mercadeo de votos en América".
Su compañero en Caldas de Reis, el alcalde y candidato a la reelección, Juan Manuel Rey, se vio forzado esta semana por la dirección de su partido y las críticas de la oposición a reintegrar a las arcas municipales los 1.400 euros que había invertido en sobres y sellos para franquear la petición de voto que firmaba con membrete oficial. Rey no sólo había confundido el remite, también se había adelantado a la campaña. Como él, el regidor de Muxía, Alberto Blanco (PP), también pasó por alto el periodo legal para pedir el voto. En una misiva enviada por su partido, Blanco citaba los avances de Muxía y añadía la siguiente frase: "Por eso me atrevo a pedirte el voto". El regidor lo explicó así a la cadena SER: "Yo sólo llamé a la participación, pedí el voto, eso es, llamé a la participación".
La facilidad para convencer electores al otro lado del Atlántico la ha reflejado bien Carlos Taboada en un cortometraje titulado Kilombo electoral. La cámara recoge cómo en unos pocos minutos un taxista argentino convence sin demasiado esfuerzo a su clienta para que le entregue el voto de su marido fallecido.
A eso se dedican lo que los partidos llaman eufemísticamente agentes electorales. Desde hace un mes, la fontanería socialista ha desplegado una red de entre 90 y 120 personas que recuerdan casa por casa la cercanía de las elecciones. "Cuando los certificados empiezan a llegar, los agentes repiten la visita a cada domicilio y si hace falta los acompañan a votar", explica un asesor del partido. A cambio, los militantes socialistas reciben entre unos 300 o 450 dólares en función de si utilizan o no su propio vehículo para desplazarse.
El Partido Popular lleva años recurriendo a los conseguidores. Al menos dos de los cobradores del Centro Gallego de Jubilados en Buenos Aires que aglutina a 3.000 mayores han reconocido a EL PAÍS que colaboran con el partido explicando su programa. "No lo hacemos cuando acudimos a cobrar la cuota del centro, lo hacemos en nuestro tiempo libre", explica Beatriz Armesto.
Con menos infraestructura al otro lado del charco, el BNG también ha comenzado a extender su red, al igual que algunos partidos independientes. Los conseguidores americanos no suelen poner problemas éticos a la hora de colaborar con las distintas formaciones políticas. Uno de ellos en Buenos Aires aprovecha las visitas a los barrios de gallegos para pedir el voto del PSOE en un ayuntamiento coruñés y explicar el programa del PP en el municipio de al lado.
De 39.000 emigrantes a medio millón
El censo de las autonómicas de 1989 que le dieron a Fraga su primera mayoría absoluta en la Xunta -con 38 escaños y bajo unas siglas nuevas (PP)- contaba 39.300 residentes ausentes. Tras 10 años de gobierno popular en Santiago, ese mismo registro había crecido en 1999 hasta los 244.200. Y este 27 de mayo serán 319.042 emigrantes los que podrán participar en la elección de 315 alcaldes.El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha recordado en el Parlamento que cuando concluya la tramitación del proyecto de ley que extiende la nacionalidad española a los nietos de los emigrantes nacidos en el extranjero, el censo de residentes ausentes alcanzará las 500.000 personas y se dará la circunstancia de que Galicia tendrá menos habitantes dentro de la comunidad que potenciales votantes -sumando los del interior y el extranjero.La progresiva pérdida de población y el engorde paulatino del CERA han puesto de acuerdo a los tres partidos en la necesidad de reformar el sistema del voto emigrante, una decisión que compete al Gobierno central.Para impulsar desde Galicia la nueva regulación, los tres grupos han creado una ponencia parlamentaria en la que ya han surgido las primeras diferencias. PP y PSOE abogan por un mayor control y transparencia en las votaciones, y el BNG pretende además una reflexión más amplia sobre la conveniencia de si los emigrantes deben votar en las municipales y el peso de los residentes ausentes en el reparto de escaños.El diputado nacionalista Iago Tabarés explica que Galicia podría contar con 4 diputados más (uno por provincia) en las elecciones generales si el censo de sus emigrantes computase en las elecciones legislativas. De momento, es una idea que deberá analizar el Parlamento gallego. Tabarés también se pregunta si tiene sentido permitir que voten emigrantes que nunca han pisado el ayuntamiento en las elecciones locales y se impida en cambio la participación a los inmigrantes que residen en esos mismos municipios.En ese punto se encontraba el debate en Galicia hasta que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, lanzó la idea de que los emigrantes sólo votasen en las elecciones generales. Emilio Pérez Touriño no parece muy entusiasmado con la idea, que sí comparte en cambio el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana.
