Los vuelos de Guantánamo viajan al Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado este mediodía que el ministro de Exteriores comparecerá la semana que viene ante el Congreso de los Diputados para exponer las conclusiones de la comisión que ha investigado el informe "muy secreto" del Gobierno Aznar que contiene la solicitud de EE UU para hacer escala en España con vuelos de prisioneros hacia Guantánamo. De la Vega ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "con este Gobierno no ha habido violación de los derechos humanos ni por tierra ni por mar ni por aire".

Según ha relatado la portavoz del Gobierno, la comisión de Exteriores que ha investigado el informe publicado por EL PAÍS, concluyó ayer su trabajo. El Ministerio dirigido por Miguel Ángel Moratinos estudia ahora junto al de Defensa la elaboración de unas conclusiones para ofrecérselas al Parlamento la semana que viene. Preguntada De la Vega por las denuncias de la ONG Amnistía Internacional sobre vuelos a Guantánamo con escala en España durante el Gobierno socialista, la vicepresidenta ha evitado pronunciarse para reiterar que han "remitido al juez todos los elementos a sus disposición". "Diligencia, transparencia y colaboración" ha concluido De la Vega en su exposición sobre la postura del Ejecutivo ante el proceso abierto.

Comisión de investigación en el Congreso

También esta mañana, Izquierda Unida ha logrado que además de su grupo parlamentario (ICV y ERC), el PNV y los diputados del BNG y Na-Bai apoyen una propuesta para crear una comisión de investigación sobre el supuesto uso de bases militares y aeropuertos civiles españoles por vuelos de la CIA entre 2002 y 2008. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha presentado en rueda de prensa la iniciativa, que pretende que se investigue no sólo el uso de bases militares, sino también de una decena de aeropuertos civiles, ya que, según el Parlamento Europeo, éstos habrían albergado más de cien aterrizajes y despegues de vuelos con destino a Guantánamo.

La propuesta pretende que la investigación que se lleve a cabo sea "global", para que se pruebe si hubo vuelos y escalas autorizadas tanto por el Gobierno de José María Aznar como por el de José Luis Rodríguez Zapatero, y que las averiguaciones se hagan no sólo dentro del Ministerio de Exteriores, sino también en Defensa, Fomento y en los servicios de inteligencia.

Copias del informe

Moratinos ya anticipó el pasado martes que esos documentos "no existen en nuestros archivos". Josep Piqué, que era ministro de Asuntos Exteriores en 2002, cuando se autorizaron los vuelos a Guantánamo, fue aún más lejos y aseguró el miércoles que el informe "no existe". Pero lo único que había dicho Moratinos era que el informe no existía en sus archivos. Es decir, en los tres en los que debería estar: el del ministro (a quien iba dirigido el informe), el del director de Política Exterior para América del Norte (que lo redactó) y el del secretario de Estado de Asuntos Exteriores (al que se envió una copia).

La comisión no tiene ninguna duda sobre la autenticidad del documento, entre otras razones porque ha tenido la oportunidad de hablar con su redactor, Miguel Aguirre de Cárcer, que estaba esta semana en la sede del ministerio. Y tampoco tiene duda de que hubo más copias, además de las tres que desaparecieron, probablemente en otras dependencias de Exteriores y en otros departamentos, como Presidencia del Gobierno y Defensa. La única incógnita que se mantiene es si la comisión ha sido capaz de localizar alguna de esas copias. Si lo ha hecho, y autentifica el documento, cabrá exigir dos responsabilidades. Una, la derivada del contenido del informe, que corresponde depurar al juez Ismael Moreno. Otra, la que se desprende de que el documento haya sido eliminado de tres archivos. Los que ordenaran hacerlo y quienes ejecutaran su orden habrían incurrido en un delito de infidelidad en la custodia de documentos.