El fiscal pide que se desestime la demanda de Telma Ortiz contra 57 medios

La Fiscalía ha pedido que se desestime la demanda, "en los términos en que está planteada", de medidas cautelares planteada por el abogado de Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, en defensa de su imagen y su intimidad contra 57 medios de comunicación. Ortiz y su pareja, Enrique Martín-Llop, habían pedido medidas cautelares para defenderse del "insoportable acoso", en palabras de su abogado, ejercido por determinados medios de la prensa rosa. Ortiz compareció al inicio de la vista, pero después se ausentó para que pudiera atender la lactancia de su hija, de apenas un mes de vida.

El fiscal del caso, Antonio Huélamo, considera que no es necesaria ninguna medida cautelar para preservar la publicación de unas imágenes "que ya han sido difundidas" y que el abogado de Ortiz, Fernando Garrido, ha aportado como pruebas. Este alegato final del fiscal ha puesto fin a la audiencia de casi seis horas presidida por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Toledo, la juez María Lourdes Pérez Padilla, quien dispondrá ahora de cinco días hábiles para comunicar su decisión.

Ortiz se ha dejado ver por primera vez desde que dio a luz el pasado 28 de marzo. Llegó con enormes gafas de sol, las solapas del abrigo beige subidas y el pelo muy corto. Entró por la puerta de atrás del edificio, ha informado Mábel Galaz.

La demanda fue rebatida por 25 abogados representantes de los medios, que han pedido a la juez que rechace las medidas cautelares por no ajustarse a derecho y considerarlas discriminatorias e inconstitucionales.

"Acoso insoportable"

"El acoso que sufren permanente las 24 horas del día Telma Ortiz y su pareja es insoportable. No se puede consentir que Telma tenga que vivir su postparto a escondidas, en un infierno como el que está viviendo para no ser fotografiada. Existe un peligro físico real", argumentó Fernando Garrido. Telma, que trabaja para la Agencia de Cooperación Internacional en Filipinas, aunque ahora está de baja por maternidad, desea que sólo se capten imágenes de ella y de su familia cuando participen en actos oficiales como familia de la Princesa de Asturias.

"No son personajes públicos ni por cargo, ni por profesión ni por haber hecho ostentación pública ni por parentesco". Por eso, la petición de medidas cautelares para que no se publiquen fotos de su vida privada es "idónea, necesaria y equilibrada", argumentó el letrado Garrido, quien puso el ejemplo de los hermanos de los presidentes del Gobierno, a quienes "nadie conoce". Garrido también criticó la "irrelevancia" de algunas informaciones publicadas respecto a Telma Ortiz, en las que salió su imagen acompañada de titulares como Telma en moto por Madrid, Telma sabe cuidarse para mantener una piel sin brillos o Telma se coloca las gafas de sol.

Ésta es la primera vez que un personaje público presenta una demanda previa (es decir, que no demanda a los medios después de la publicación de una fotografía, sino en previsión de lo que puedan publicar). La petición de medidas cautelares afecta a televisiones nacionales y varias autonómicas, agencias de noticias, revistas del corazón nacionales y varias empresas editoras. Para plantear esta demanda, la pareja se ha amparado en el artículo 9 de la ley de 5 de mayo de 1982, que desarrolla el derecho fundamental establecido en el artículo 18 de la Constitución sobre la protección al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Manifestación a favor de la prensa del corazón

La vista comenzó pasadas las once de la mañana en la Sala de Matrimonios del Palacio de Justicia. Alrededor de una treintena de personas se manifestaron en defensa de la prensa rosa a las puertas del lugar.

El debate no es nuevo y preocupa considerablemente al mundo de la prensa y del famoseo. El presidente de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP), Enric Bastardes, habló esta mañana sobre el tema. Considera que es importante que haya una "doctrina jurídica clara" sobre estos casos. Otros expertos consultados sostienen que en España existe un marco jurídico suficiente para entablar acciones en defensa de la intimidad y la propia imagen. La Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue aprobada en 2000, preveía de forma genérica la posibilidad de ejecutar provisionalmente todas aquellas sentencias que declarasen la vulneración de derechos fundamentales. Pero, en 2003 esta ley sufrió una modificación que ha provocado que quienes acuden a los tribunales para denunciar una intromisión en sus derechos constitucionales al honor, la intimidad o la propia imagen hayan de esperar una media de más de nueve años para ver satisfechas sus pretensiones.