África figura de forma prominente en los cinco casos abiertos por la Corte Penal Internacional
Uganda, República Democrática de Congo, Darfur (Sudán) y República Central Africana tienen causas abiertas. En Kenia se investiga la violencia durante las elecciones de 2007
Cinco causas, o investigaciones, están abiertas en estos momentos ante la Corte Penal Internacional (CPI). Se refieren a sendos países africanos, Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Darfur (sur de Sudán) y Kenia, y han llegado a la fiscalía de distinta forma.
En los tres primeros casos, los propios Estados, miembros de la Corte, pidieron que ésta se ocupara de "su situación". Dicha expresión es oficial, y se refiere a los presuntos crímenes cometidos en cada territorio. Como la CPI es la única instancia permanente que persigue el genocidio, además de los crímenes de guerra y contra la humanidad, siempre se baraja su presunta comisión. El fenómeno de los niños soldado es considerado ya un crimen de guerra gracias a la propia Corte. Darfur llegó a través de Naciones Unidas. Kenia lo hizo a petición de la propia fiscalía de la CPI.
Una de las críticas que se le hace a la Corte es precisamente el sesgo africano que parece tener su trabajo. Su fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, siempre lo rechaza recordando el resto de los asuntos llegados a su despacho y que "observa". Entre ellos figura la violencia registrada en Gaza, Colombia, Georgia, Costa de Marfil y Afganistán.
En el caso de Uganda, la Corte hizo públicas en 2005 sus primeras órdenes de detención contra cinco dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor. Les acusa de asesinato, violación, esclavitud sexual y de atacar a la población civil. Joseph Kony, líder del grupo guerrillero, es el reo más destacado de un conflicto librado durante los últimos 20 años entre sus hombres y las fuerzas gubernamentales en el norte del país.
Las investigaciones sobre la República Democrática de Congo datan de 2004. Las hostilidades se han prolongado allí durante la última década y la cifra total de víctimas supera los cuatro millones. En Congo, tanto las fuerzas armadas gubernamentales como los rebeldes han cometido crímenes. La Corte juzga en estos momentos, entre otros, a Thomas Lubanga, fundador y líder de la Unión de Patriotas Congoleños. Fue entregado a la fiscalía en marzo de 2006 y se le acusa de haber reclutado niños soldados.
Los abusos perpetrados en la República Centroafricana ocupan a la CPI desde 2007. El acusado estrella es Jean Pierre Bemba, antiguo vicepresidente de Congo y su situación sentará un precedente para la justicia internacional. Él no cometió los delitos que se le imputan (asesinato, tortura, violación y saqueo). Los autores materiales fueron sus milicianos. Un nutrido grupo armado que, entre 2002 y 2003, ayudó al entonces presidente centroafricano, Ange-Félix Patassé, a sofocar un golpe de Estado. A pesar de que todo sucedió en otro país, la CPI considera a Bemba responsable por no haber frenado a sus hombres.
Darfur es una causa distinta. También ha sido una de las más sonadas. Sudán no es miembro del Estatuto de Roma, texto vertebral de la Corte, y se negó a ser investigada. Cuando algo así ocurre, puede ponerse en marcha el mecanismo de Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad. La Corte actúa a instancias de la ONU, y en 2005, tras una decisión unánime similar a la adoptada con Libia, se facultó a la fiscalía para que indagara los crímenes en Sudán. Después de unas pesquisas muy difíciles dados los peligros que corrían todos, las víctimas africanas y los enviados de la justicia internacional, la fiscalía calificó los hechos de genocidio. La cifra de muertos registrada entre 2003 y 2008 rondaba los 400.000, en un conflicto racial sufrido por los sudaneses negros a manos de sus compatriotas de origen árabe. El principal acusado fue el presidente, Omar al Bachir. Hace tres años se pidió su arresto, pero sigue en el poder. El mandatario se convirtió en el tercero en ser objeto de un proceso judicial a escala internacional (después del serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor).
Con Kenia se ha recurrido a un tercer modelo. Se trata de averiguar el tipo de crímenes cometidos durante las elecciones de diciembre de 2007, donde murieron al menos 1.200 personas. El fiscal Ocampo pidió abrir, a iniciativa propia, una investigación. Los jueces le dieron permiso -por mayoría- para que la incoara. Vieron que había "una base razonable para creer que se cometieron crímenes de contra la humanidad en territorio keniano". La República de Kenia ratificó en 2005 el Estatuto de Roma que la somete a la jurisdicción de la CPI, y de ahí que pueda actuarse.
