Alemania pactó con Kosovo repatriar a 13.000 refugiados, la mayoría de etnia gitana
Apenas un minuto necesitaron la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy para zanjar la polémica sobre la desmentida expulsión de gitanos de Alemania. La semana pasada, a Merkel le había faltado tiempo para contradecir las declaraciones del jefe del Estado francés. Sarkozy aseguró el pasado jueves que Merkel le había anunciado sus intenciones de "desalojar campamentos gitanos" en Alemania. Según el Gobierno alemán, no solo es falso que pretendan disolver "campamentos gitanos", sino que estos "ni siquiera existen". La polémica ha desatado un debate sobre su situación. En particular, un acuerdo alcanzado el pasado abril entre el Gobierno alemán y el de Kosovo contempla la repatriación de 13.000 refugiados kosovares a la recién independizada república balcánica. Unos 8.500 de ellos son gitanos. El acuerdo con Kosovo, que no es miembro de la Unión Europea (UE), entró en vigor el día 1 de este mes. Su puesta en práctica es responsabilidad de las Oficinas de Extranjeros de los Estados federados.
Alemania se comprometía a no expulsar a Kosovo a más de 2.500 personas al año. En 2009, devolvieron a 541 personas, de los cuales 76 eran gitanos. En lo que va de año han tenido que salir de Alemania 364 personas, 102 de ellas, de etnia gitana. Las principales olas de refugiados kosovares llegaron a Alemania después de la guerra de 1999.
Igual que los judíos, los gitanos alemanes sufrieron la persecución y el intento de exterminio por los nazis. Como "minoría nacional" reconocida oficialmente, los alrededor de 70.000 ciudadanos alemanes de etnia gitana están hoy razonablemente integrados. Mucho peor lo tienen los llegados tras la ampliación al Este de la UE, que viven en condiciones muy precarias en las grandes ciudades. En Berlín y en Francfort es habitual ver jóvenes gitanos limpiando parabrisas en los semáforos, una imagen insólita hace una década.
Los amenazados de expulsión a Kosovo han pasado años en un limbo legal, debido a las reticencias de Pristina para aceptar su regreso. Con el acuerdo de abril, su situación pende de un hilo. Son expulsiones legales y refrendadas por un acuerdo de repatriación, pero afectan a personas que en algunos casos llevan 10 años viviendo en Alemania, donde muchos de ellos han nacido y se han escolarizado. Organizaciones humanitarias como Pro Asyl critican que su expulsión los condena a unas condiciones de vida miserables en el país que abandonaron por culpa de la guerra.
