Amnistía Internacional denuncia la desaparición de centenares de personas en Tíbet
Un informe de la ONG detalla la virulencia de la represión oficial sobre las protestas de marzo en la región autónoma china
Centenares de personas arrestadas por el Gobierno chino, probablemente miles, se encuentran en paradero desconocido desde su detención en el transcurso de los disturbios que sacudieron la región del Tíbet los pasados meses de marzo y abril, según ha denunciado en la noche de ayer Amnistía Internacional. La ONG especializada en la defensa de los Derechos Humanos detalla el bloqueo informativo en la región, así como las torturas infligidas a los detenidos.
"Cuando estaba en prisión, un policía me dijo: '¡Arrodíllate aquí!' Tenía los pulgares de las manos atados a la espalda. Se sentó [en un silla frente a mí] y colocó su pie en mi cabeza golpeándome la frente, trajo de nuevo mi cabeza y me abofeteó una y otra vez", recuerda su estancia en prisión un joven tibetano citado en el documento. Cuenta también que conoció en la cárcel a otro joven de 17 años que le contó que había sido torturado hasta haber admitido crímenes que no había cometido. "Mucha gente tenía los brazos y las piernas rotas o heridas de bala pero nadie les llevaba al hospital...", añade el testigo.
La ONG cita datos oficiales del Gobierno chino publicados por la agencia oficial Xinhua, que detallan que tras los disturbios de marzo 1.393 personas fueron arrestadas y otras 2.566 se entregaron al Gobierno. Todas salvo 779 fueron liberadas. En torno a 400 fueron acusados formalmente, aunque los cargos no fueron hechos públicos. AI denuncia la ausencia de información acerca de su paradero desde el 9 de abril.
Entre las acusaciones de AI al Gobierno chino, figura también la intimidación de abogados dispuestos a asumir la defensa de los tibetanos detenidos. Cita a los letrados de un bufete chino especializado en casos de relevancia política, cuya licencia no fue renovada después firmar una carta abierta ofreciéndose a defender a los tibetanos detenidos. La ONG afirma que tanto las torturas como la intimidación a los abogados violan sendos artículos de la propia constitución de la República Popular China.
