Berlusconi consigue la inmunidad

Silvio Berlusconi ha ganado una nueva batalla contra la justicia. El Senado italiano ha aprobado este martes una ley mediante la que el primer ministro conseguirá inmunidad mientras esté en el poder. La nueva medida, que ya consiguió el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado día 10, se ha aprobado a pesar de las protestas de los partidos de oposición italianos, de centro-izquierda, que se encuentran muy debilitados.

Esta ley impide los juicios contra los cuatro cargos más importantes del estado y sólo reconoce dos únicas excepciones a la inmunidad total, la alta traición y el atentado a la Constitución. Conocida ya como 'lodo Alfano', en referencia a su que su autor es el ministro de Justicia, Angelino Alfano, contempla la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos antes de acceder al cargo, contra el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Para el caso del Jefe del Estado y para el presidente del Gobierno quedan excluidos los delitos cometidos en el ejercicio de su función.

La oposición ha acusado a Silvio Berlusconi, de 71 años, de crearse una ley a su medida para librarse casos pendientes contra él, como en el que se le acusa de haber ordenado el pago de 600.000 dólares (unos 387.000 euros) al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas de Il Cavalieri, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro.

El pasado mes de junio, días antes de que el proyecto de ley fuera aprobado por el Gobierno, Berlusconi había justificado la necesidad de una medida como esta diciendo: "no es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país".

La ley tiene aún deber ser ratificada por el presidente italiano y publicada en el boletín oficial antes de entrar en vigor. En 2004, Berlusconi ya había intentado conseguir la inmunidad, pero, a pesar de conseguir la aprobación del Parlamento, la normativa fue annulada por el Tribunal Constitucional, que la consideró contraria a la Carta Magna. Ahora la nueva norma incluye algunos cambios para evitar problemas de anticonstitucionalidad, como que las víctimas de los procesos contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.