Berlusconi da un giro xenófobo para contentar a la Liga Norte

El Gobierno italiano anunció ayer una batería de medidas contra los inmigrantes, tanto extracomunitarios como comunitarios, así como contra los refugiados de la guerra de Libia llegados al país en los últimos meses. El Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto que triplica el tiempo de estancia de los inmigrantes en los Centros de Identificación y Expulsión (CIE), desde los seis meses actuales hasta los 18 meses máximos que permite la legislación europea. Además, el Gobierno promete que expulsará "de forma inmediata" del territorio tanto a los "clandestinos" como a los comunitarios que cometan delitos, según dijo Silvio Berlusconi.

El primer ministro anunció también que su ministro de Exteriores firmará con el Consejo Nacional de Transición en Bengasi un acuerdo para construir un centro de inmigrantes en la capital de los rebeldes y para repatriar a los refugiados de la guerra libia "que han llegado y están por llegar a Italia". Berlusconi hace así suyas las reivindicaciones de la Liga del Norte, aunque esto suponga obviar que los refugiados del conflicto libio llegados a Italia tienen derecho a pedir asilo político y a quedarse en el país.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, compareció junto a Berlusconi para poner en escena el supuesto triunfo de la Liga de cara a su cita anual con los militantes, que se celebrará el domingo en Pontida, la pradera mítica de la formación, situada al norte de Bérgamo. La Liga, el socio que mantiene en pie al Gabinete, sufre entre sus bases el mismo desgaste político que afecta a Berlusconi, y su respuesta ha sido ejercer una creciente presión sobre el primer ministro, que algunos analistas califican sin rodeos como un chantaje.

Críticas de la oposición

La oposición repudió y desmontó parcialmente el anuncio del Gobierno al calificarlo como "mera propaganda racista y represiva", y recordar que la mayor parte de las medidas estaban ya incluidas en el Paquete de Seguridad aprobado en 2009, cuyos principales efectos han sido suavizados o anulados por los órganos jurídicos europeos y nacionales.

El gobernador de Apulia, Nichi Vendola, habló de "acto vulgar y desesperado" y lo definió como "una cabellera cortada para exhibir a los militantes de la Liga", mientras el Partido Democrático calificó las iniciativas como un "spot casi fascista".