Berlusconi se enfrenta a dos procesos penales graves

El Tribunal Constitucional declaró ayer inconstitucional la Ley Alfano, diseñada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, para congelar los procesos penales abiertos contra el empresario Silvio Berlusconi -y aplicable a los otros tres altos cargos del Estado-. La decisión, netamente contraria a los intereses del político y del empresario, niega tanto la sustancia como el método elegido para hacer leyes personales, y es el peor escenario previsto por los abogados del magnate milanés. La consecuencia inmediata del fallo es que al menos dos de los cuatro procesos congelados que afronta Berlusconi serán reabiertos.

La Corte considera que la ley Alfano viola dos artículos de la Constitución: el 138 (la legislación sobre altos cargos debe hacerse por vía constitucional y no con una norma ordinaria), y el artículo 3 (todos los ciudadanos son iguales ante la ley). La primera violación supone que si el Gobierno quiere aprobar un nuevo escudo penal para Berlusconi, debe preparar una ley constitucional, lo que requeriría los votos de dos tercios del Parlamento y cerca de un año de tiempo. La segunda cautela deja sin efecto, en todo caso, esa posibilidad, pues el tribunal recuerda que el hecho de ser primer ministro no le exime de someterse a la justicia.

El abogado de Berlusconi, Gaetano Pecorella, calificó la sentencia como "sorprendente", ya que, explicó, la Corte "se ha desmentido a sí misma". Según él, al declarar inconstitucional la Ley Schifani en 2004, el Tribunal no dijo que se requería una ley constitucional y no una ordinaria. "Han cortado la cabeza al toro, y han hecho imposible la reforma parlamentaria de la ley y de paso han cortado de raíz toda solución para la historia jurídica de Berlusconi", admitió Pecorella.

Pese a todo, añadió Pecorella, que es parlamentario del Pueblo de la Libertad, "Berlusconi seguirá gobernando, esto no incide sobre la fuerza política de la mayoría y creo que el país, ante estos ataques personales contra Berlusconi, le reafirmará su apoyo".

El fallo del Alto Tribunal llegó a las seis de la tarde, después de tres sesiones dedicadas a analizar el laudo, y fue tomado por mayoría de la sala. Nueve jueces votaron a favor del veredicto y seis en contra. La decisión desprecia con argumentos jurídicos las crecientes presiones políticas ejercidas en los últimos días por los medios de Berlusconi y sus ministros. Poco antes de que se conociera la decisión, el líder de la Liga Norte y ministro de Reformas, Umberto Bossi, amenazó con "recurrir" al pueblo si los jueces tumbaban la Ley Alfano. "Nosotros tenemos el pueblo", dijo Bossi, "pero estoy por la prudencia".

La intimidación del jefe padano al Tribunal mientras éste se encontraba reunido a puerta cerrada para deliberar sobre una ley clave para el futuro político fue suavizada por un comentario del portavoz de Berlusconi. Tras conocer el veredicto, Paolo Bonaiuti afirmó que se trata de "una sentencia política", pero añadió que el Gobierno continuará cumpliendo el mandato.

La decisión de la Corte fue elogiada por Alessandro Pace, el representante de la Fiscalía de Milán (impulsora de dos de los tres recursos contra la Ley Alfano) que no fue autorizado por la sala a participar en la audiencia pública del martes.

Según Pace, el Laudo Alfano "viola la Constitución en cinco puntos: el principio de igualdad; el automatismo generalizado porque se aplica incluso si se viola o se mata; la duración irracional del proceso; el tratamiento diverso a los presidentes y a los organismos que presiden y la aprobación por ley ordinaria y no constitucional".

Berlusconi se reunió con sus ministros más cercanos en el palazzo Chigi en torno a las cuatro de la tarde. Seguramente sabían ya que el Tribunal iba a rechazar, por segunda vez, el intento de elaborar una ley personal para salvarle de la acción de la justicia. Ahora, dos de los cuatro procesos congelados por la Ley Alfano podrán ser reabiertos.

El primero es el que le acusa del soborno al abogado británico David Mills (condenado a cuatro años y seis meses de cárcel); el segundo le imputa irregularidades en la compraventa de derechos televisivos. El tercero procede de un juez de Roma, que aún debe decidir si archiva la causa o procesa a Berlusconi por instigación a la corrupción de dos senadores. Un cuarto proceso, el llamado Mediatrade, está en fase preliminar de la instrucción.

- Caso Mills. Según la fiscalía, Berlusconi pagó 600.000 dólares al abogado inglés David Mills, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales, para que testificara a su favor y mintiera en sede judicial durante los procesos All Iberian y Mediaset. Mills mintió a los jueces sobre el papel principal de Berlusconi en la estructura offshore creada para él por Mills "para actividades ilegales y reservadas de Fininvest".

Mills fue condenado en primer grado a cuatro años y medio de cárcel, y la juez Nicoletta Gandus consideró probado que el corruptor fue Berlusconi. El recurso se empieza a juzgar mañana en Milán. Berlusconi ha sido llamado como testigo de la defensa. Por ley, el juicio de Berlusconi debe comenzar de cero porque ya se sentenció al primer imputado.

- Caso Mediaset. Dos sociedades offshore creadas por Mills compraron y vendieron entre 1994 y 1999 derechos de televisión y cine por 470 millones. La Fiscalía de Milán cree que esas sociedades revendían los derechos a sucesivas empresas gemelas de Berlusconi, encareciendo el precio en cada pase. La diferencia entre el valor inicial y el valor final permitía crear millones en dinero negro. Han prescrito casi todos los delitos, pero Berlusconi tiene pendiente una acusación por fraude fiscal y otra por balance falso de 1999.

La norma que daba un fuero especial a los parlamentarios italianos fue abolida en 1993, después de Tangentópolis, por el propio Parlamento, que reformó el artículo 68 de la Constitución. Los parlamentarios no pueden ser perseguidos por delitos de opinión ni arrestados sin permiso del Parlamento. Todos ellos son procesables como cualquier ciudadano. El primer ministro y los ministros pueden ser procesados sin autorización del Parlamento, pero si cometen un delito en el ejercicio de sus funciones decide un Tribunal de Ministros. El presidente sólo puede ser procesado por el Parlamento en dos supuestos: alta traición y atentado a la Constitución, y en ese caso es juzgado por el Constitucional.