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Berlusconi limita las escuchas a delitos penados con 10 años

El Ejército italiano impondrá la seguridad ciudadana en las calles

El Consejo de Ministros de ayer aprobó el polémico proyecto de ley que limitará las escuchas judiciales. La nueva normativa, que será aprobada en el Parlamento italiano, prohibirá a los jueces realizar pinchazos para investigar los delitos penados con menos de 10 años de cárcel, salvo los crímenes contra la Administración Pública, que podrán vigilarse cuando impliquen más de cinco años de prisión.

Las escuchas se mantienen para casos de mafia, terrorismo y delitos de gran alarma social, pero no podrán durar más de tres meses y deberán ser decididas por un órgano colegiado de tres miembros, y no, como hasta ahora, por un magistrado.

Los pinchazos se mantienen para casos que causen alarma social
Penas de hasta cinco años de cárcel para los jueces que difundan escuchas

Además, desaparecen del mapa los pinchazos para los crímenes económicos, financieros y empresariales. En opinión de las asociaciones de magistrados, y de una parte de la oposición, la ley dará impunidad de facto a los delincuentes de cuello blanco, y dificultará la investigación de escándalos como el de Parmalat, o el más reciente de la clínica de los horrores descubierto en Milán.

El texto contempla penar con hasta cinco años de cárcel a los jueces que difundan el contenido de las escuchas; tres años para los periodistas que las publiquen, y multas elevadísimas para sus editores.

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"Es una ley para encarcelar a jueces y periodistas y dar impunidad a los criminales. Nos encadenaremos en el Parlamento", anunció el jefe parlamentario del grupo Italia de los Valores, Massimo Donadi.

Para el Gobierno, la ley "responde exactamente al dictado de la Constitución sobre la defensa de la privacidad". Según dijo ayer el ministro de Justicia, Angelino Alfano, "la normativa es coherente con la Convención Europea de los Derechos Humanos, y conjuga el derecho a la privacidad con la exigencia de ordenar la tarea de los jueces".

Editores de prensa y magistrados han recibido el texto como un ataque a la libertad de expresión y al Estado de derecho. Algunos señalan que es una revancha tejida personalmente por el abogado de Berlusconi, Niccolò Ghedini, contra el colectivo de jueces, que en los últimos 20 años ha amargado la vida a Berlusconi y a muchos otros empresarios sin escrúpulos y amigos de Forza Italia.

Ayer, tanto La Repubblica como Il Corriere della Sera subrayaban que el motor de la redacción urgente de la ley es una idea que obsesiona a Il Cavaliere: parar como sea las tres causas que tiene pendientes y evitar otras que pudieran venir en el futuro.

Según La Repubblica, Berlusconi está furioso con sus socios de la Liga del Norte porque éstos filtraron que no aprobarían la ley de las escuchas si no incluía el delito de corrupción de cargos públicos. Tras aceptar esa excepción, el primer ministro ha advertido al grupo de Umberto Bossi que no permitirá objeciones a una segunda ley ad personam preparada por Ghedini, el llamado Escudo Anti Procesos, que congelará todos los juicios que impliquen a autoridades del Estado. El abogado de Berlusconi admitió ayer que el llamado Lodo Schifani, que fue tumbado por el Constitucional en 2004, podría ser aprobada ahora por la vía ordinaria.

La causa que más preocupa a Berlusconi es el llamado caso Mills, en el que el primer ministro está acusado de corrupción judicial por haber sobornado en 1997 y 1998 al abogado inglés David Mills, cuando éste declaraba como testigo en dos procesos contra Il Cavaliere.

El caso está a un solo paso de su final, pero sufrió un nuevo parón inesperado anteayer, cuando Niccolò Ghedini comunicó al juez de Milán que el banquero italo-suizo Paolo del Bue, que es el único testigo que queda por declarar, no podía acudir a la cita prevista en Lugano porque se halla enfermo. En Brasil.

Por otra parte, 2.500 militares del Ejército italiano patrullarán las calles cumpliendo labores de policía. El acuerdo firmado entre los ministros de Defensa e Interior, anunciado ayer, utilizará fuerzas con experiencia en misiones de paz durante seis meses, prorrogables, para mejorar la seguridad ciudadana.

Según el titular de Defensa, Ignazio La Russa, los militares patrullarán las ciudades sobre todo de noche. "El objetivo es defender mejor a los ciudadanos, pasando del policía de barrio de día a patrullas mixtas en las horas nocturnas", dijo.

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