Bolivia cierra cuatro décadas sin sus desaparecidos
Un equipo de antropólogos argentinos emprende el rastreo de restos
Un grupo de antropólogos argentinos comenzó el martes la búsqueda de los restos de más de medio centenar de personas que murieron hace 39 años en acciones guerrilleras en los alrededores de Teoponte, un pequeño pueblo boliviano situado en las estribaciones de Los Andes y la región amazónica, unos 300 kilómetros al noreste de La Paz.
El grupo argentino, que cuenta con el apoyo de forenses bolivianos, llegó el domingo a Teoponte, tras un viaje por una sinuosa y estrecha carretera que bordea varios farallones antes de llegar a la llanura tropical.
Los guerrilleros fueron enterrados en al menos 19 sitios previamente identificados, señaló la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires de la Dermocracia (Asofamad), Delia Cortez.
Teoponte y sus alrededores, con una densa vegetación y ríos caudalosos, fueron escenario de un brote guerrillero que unió a un gran número de universitarios bolivianos en el intento de continuar con las acciones de la abatida guerrilla de Ernesto Che Guevara en octubre de 1967, en el suroriente boliviano, pero sucumbió ante la falta de experiencia, las duras e inhóspitas condiciones del terreno y el duro entrenamiento de los militares del Ejército boliviano. Se calcula que unas 58 personas, casi todas pertenecientes a la Democracia Cristiana, murieron entre julio y noviembre de 1970, entre ellas Néstor Paz Zamora, hermano del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuyos restos fueron recuperados en esa gestión presidencial.
"Hemos logrado financiamiento para esta búsqueda", dijo Cortez al señalar que se trata de un avance importante de la Asofamad con el objetivo de encontrar a muchas otras víctimas desaparecidas a causa de los regímenes militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982.
Algunos de los antropólogos argentinos trabajaron también en la exhumación e identificación de unos 13 cadáveres de personas ejecutadas durante el régimen de facto más largo de la historia boliviana, presidido por Hugo Bánzer Suárez entre 1971 y 1978.
El golpe de Estado de noviembre de 1979, resistido por civiles en la plaza de San Francisco de La Paz, dejó también muertos y desaparecidos, reclamados aún por sus familiares.
El derrocamiento de la presidenta interina Lidia Gueiler, el 17 de julio de 1980, supuso asimismo un alto coste en vidas humanas, entre ellas las del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores, abatidos por paramilitares durante el asalto a la sede de la Central Obrera Bolivia y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en pleno paseo de El Prado de La Paz.
"Se han realizado muchas indagaciones al respecto, pero no hay avances", lamentó Cortez al aludir a las gestiones realizadas en vano por el ex juez Marcelo Costa Obregón para que Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior del régimen de facto de Luis García Meza (1980-1981), encarcelado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, indique el lugar donde se puedan encontrar los restos de Quiroga Santa Cruz y de Flores.
A pocas horas de su retorno a Bolivia procedente de Miami (EE UU), donde cumplió una pena de 15 años por narcotráfico, los abogados de Arce Gómez insinuaron la posibilidad de contribuir al hallazgo de los restos a cambio de negociar los años de cárcel -30 sin derecho a indulto- que le esperan a su cliente, según informaron medios de comunicación bolivianos.
García Meza cumple una condena similar, con largos periodos en un hospital militar a causa de su delicado estado de salud. Tanto el ex dictador como su hombre fuerte, Arce Gómez, fueron condenados a la máxima pena por la comisión de delitos contra la Constitución, delitos económicos y tortura y asesinato de muchas personas; entre ellas, Quiroga Santa Cruz y Flores.
La búsqueda de desaparecidos -156, según el cálculo total- ha cobrado un nuevo impulso después de la huelga de hambre que protagonizaron los familiares de las víctimas el pasado mayo, una medida que logró que las Fuerzas Armadas accedieran a abrir los archivos clasificados a fin de encontrar los restos de sus seres queridos.
El Ministerio de Defensa señaló los requisitos para acceder a los archivos, entre ellos el "legítimo interés respecto a la información contenida en los archivos" militares, previa la plena identificación de los interesados y la documentación que acredite el "interés legítimo de encontrar datos" sobre una persona desaparecida.
