AGENCIAS - Londres - 03/12/2008
El Gobierno británico se ha marcado la crisis económica como la "prioridad suprema" para el año que viene. Así lo ha expresado la reina Isabel II en el tradicional discurso de apertura del periodo de sesiones del Parlamento. En una ceremonia que concentra toda la pompa ceremonial inglesa, la reina ha esbozado el programa del Gobierno de Gordon Brown, que va dirigido fundamentalmente a superar el mal momento económico con medidas de apoyo a los ahorradores y las familias e incluso medidas para que los parados de larga duración vean recortados los subsidios si rechazan cursos de formación. También se fijan objetivos financieros para reflotar los bancos.
"La prioridad suprema de mi Gobierno es asegurar la estabilidad de la economía británica durante la recesión económica mundial. Mi Gobierno está comprometido a ayudar a las familias y a las empresas en estos tiempos difíciles", ha dicho la reina en el Parlamento. Cada año, la reina lee ante los parlamentarios británicos el programa del Gobierno para el año que viene. Se trata de una ceremonia tradicional, llena de pompa, protocolo y el colorido de las togas y las vestimentas de los beefeaters y el resto del personal del palacio de Westminster, donde se encuentran las Cámaras de los Lores y de los Comunes.
Este año han sido 14 las leyes que ha esbozado. Entre ellas, está la llamada banking bill, que permite al Banco de Inglaterra y al departamento del Tesoro, intervenir con mayor agilidad cuando una entidad financiera esté en apuros. En este sentido, permite el intercambio de información entre el Tesoro, el banco central y la Autoridad de Servicios Financieros, encargada de recoger datos sobre las entidades. Introduce también nuevas reglas de insolvencia para los bancos. Además, señala al Banco de Inglaterra el "objetivo de la estabilidad financiera".
Otra de las medidas va destinada a incentivar el empleo, y ha sido una de las más polémicas, porque prevé "consecuencias" para aquellos desempleados que no hagan todo lo posible para buscar un empleo mientras cobran ayudas del Gobierno. Prevé sanciones para aquellos que no acudan a las entrevistas de trabajo o las de su centro de empleo.
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