Calderón reforma la Constitución para reforzar la lucha contra los 'narcos'

El presidente de México, Felipe Calderón, ha promulgado este martes una reforma constitucional que incluye un sistema penal acusatorio con juicios orales, refuerza el combate al crimen organizado e instaura la presunción de inocencia.

Entre otras cosas la reforma, que hoy entra en vigor, permite que cualquier sospechoso de pertenecer al crimen organizado sea detenido hasta 80 días sin que se presenten cargos en su contra, una medida que ya ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que considera excesivo ese plazo.

Durante el acto de promulgación de la reforma, Calderón ha sostenido que "ésta es quizá la reforma más relevante realizada al sistema penal" que haya tenido México "en mucho tiempo".

Un sistema acusatorio

Hasta ahora, el sistema penal mexicano se basaba únicamente en lo que contenga el expediente de un caso, el cual es leído por el juez quien dictamina únicamente sobre ese documento. Con esta nueva reforma, en el sistema de justicia penal se introducirán juicios orales y procesos implificados, en los que un juez dirigirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.

"La etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional", ha declarado Calderón, para quien la reforma constituye "un paso fundamental en nuestra lucha para que México prospere como una nación de leyes y de libertades". Para ello, en la reforma también se otorgan facultades de investigación a las distintas corporaciones policiales, que actuarán bajo la dirección de las Procuradurías (fiscalías), hasta hoy las únicas facultadas para investigar delitos.

Las víctimas de los delitos tendrán derecho a recibir asesoría jurídica, colaborar en las investigaciones, recibir atención médica y psicológica, exigir la reparación del daño y mantener en secreto su identidad y sus datos personales.

Además, la reforma introduce la extinción de dominio en favor del Estado en bienes del crimen organizado decomisados por las autoridades, y crea centros especiales de reclusión para narcotrafiantes.

Fortalecer la defensa pública

El secretario de Gobernación (Interior), Juan Camilo Mouriño, destacó, por su parte, que "el problema de la inseguridad pública no se resolverá sólo con mayores recursos, con más policías o con mejores leyes" sino con "una mayor participación de la sociedad" y una "cultura de la legalidad".

Para reducir la carga del sistema judicial, la reforma establece medios alternativos de solución de controversias civiles o comerciales para que se gestionen fuera del ámbito penal y intenta fortalecer la "defensoría pública", para que las personas con escasos recursos tengan acceso a una defensa más eficiente y profesional.