La Cámara Baja argentina aprueba un polémico proyecto de ley de medios

Con el apoyo de un grupo de diputados de centroizquierda, incluidos los socialistas de Hermes Binner, la presidenta Cristina Fernández logró esta madrugada que el Congreso aprobara la polémica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. El texto deberá ahora pasar al Senado, donde se espera que encontrará fuertes resistencias.

El proyecto de ley fue ampliamente debatido a lo largo de más de 12 horas. En el momento de la votación un gran sector de la oposición (radicales, peronistas disidentes, el partido de Mauricio Macri y Coalición Cívica, de Elisa Carrió) decidió abandonar la sala, alegando que la sesión no había sido válida. El portavoz radical, Oscar Aguad, consideró que un proyecto de ley en el que se habían introducido más de 200 modificaciones sobre el dictamen inicial no podía ser discutido en tan poco tiempo. El texto fue finalmente aprobado por 147 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención, y con 104 diputados fuera de la sala.

Presión del Gobierno

La oposición había anunciado ya una estrategia para intentar impedir que el Congreso aprobara la ley antes del próximo mes de diciembre, fecha en la que se producirá el recambio de un tercio de los diputados y cambiará la relación de fuerzas. El Gobierno, por su parte, metió toda la presión que pudo para acabar cuanto antes el debate. A fin de sumar los votos necesarios, aceptó sobre la marcha multitud de pequeñas modificaciones propuestas por los diputados situados a su izquierda. Incluso estuvo de acuerdo en suprimir formalmente el permiso para que las grandes compañías telefónicas (entre ellas, la española) entraran en el mercado audiovisual argentino, como había previsto. Telefónica debería vender, antes de un año, su canal en abierto, Telefé, para poder ofrecer televisión por cable, en la formula trío (junto con Internet y telefonía).

La nueva ley de medios sustituye a una legislación de la época de la dictadura, que había sido objeto ya de decenas de cambios a lo largo de los últimos veinte años. La nueva legislación, caso de ser aprobada en el Senado, supondrá un duro golpe para los intereses de Clarín, el mayor grupo mediático de Argentina, con una posición fuertemente predominante en el mercado audiovisual, y desde hace algo más de un año, muy crítico con la política de los Kirchner.

La gran mayoría de las empresas del sector han criticado duramente el proyecto de ley porque implica una atomización del mercado audiovisual muy fuerte y aumenta el control de los poderes públicos. En el Congreso se subrayó que la ley, teóricamente lanzada para impedir una excesiva concentración en la propiedad de los medios de comunicación audiovisuales, tal y como existe en muchos otros países democráticos, ha terminado por ser un instrumento que favorecerá una intervención estatal también excesiva.

Los diputados de la mayoría hicieron una encendida defensa de la ley. "No queremos hacer una ley mordaza, sino regular un sistema más justo, más representativo y más plural", aseguró el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón.