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Chávez aumenta su poder para dictar expropiaciones y regir el banco central

El presidente cambiará la Constitución para aumentar el control sobre la economía

El presidente venezolano, Hugo Chávez, presentó ayer 33 propuestas para modificar la Constitución de 1999. Aparte de la consabida reforma por la que se garantiza su reelección de forma indefinida, Chávez presentó otras por las que el presidente aumentará su control sobre la economía. Así, el Gobierno podrá ocupar cualquier bien susceptible de expropiación, de manera preventiva y antes de que concluya el juicio en el que determinaría el monto que deberá pagarse a sus propietarios. Además, el Gobierno prevé acabar con la autonomía del Banco Central de Venezuela.

Las medidas deberán ser sometidas a un referéndum, que puede celebrarse en diciembre o enero.

En el proyecto que en la noche del pasado miércoles entregó a la Asamblea Nacional, Chávez sugiere continuar garantizando la propiedad privada a los venezolanos, al tiempo que incorpora nuevas figuras como la propiedad pública, que según explicó "es aquella que pertenece a los entes del Estado"; la social, que "es la que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones y que podrá ser manejada por el Estado en nombre de la comunidad o no"; la colectiva, que "es de los grupos sociales", y la mixta, que "estará conformada por los privados, el Estado y/o las comunidades".

Durante su discurso, el cual se prolongó por casi cinco horas y fue transmitido por todos los canales de radio y televisión, Chávez defendió su decisión de mantener la propiedad privada, aun cuando reconoció que varios sectores de su Administración han presionado para que fuera eliminada.

"La pretensión de eliminar de un tajo las propiedades productivas pequeñas y medianas fue la razón por la que fracasaron experiencias socialistas como la revolución sandinista de Nicaragua o la Unión Soviética", dijo, a la vez que agregó: "Lo que tenemos que hacer, compatriotas, es convencer a esos pequeños y medianos productores para que vengan a hacer una alianza productiva para levantar la economía del país".

100.000 españoles

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En Venezuela residen más de 100.000 españoles, la mayoría de los cuales son propietarios de pequeños y medianos comercios e industrias. Además, hay unas 100 grandes empresas españolas, entre las que destacan Repsol, los bancos BBVA y Santander, la empresa de seguros Mapfre y la de teléfonos Movistar. Las compañías españolas consultadas creen que las reformas económicas previstas por Chávez no entrañan, en principio, ninguna amenaza para la inversión extranjera.

El presidente también propuso al Parlamento revisar el artículo 90 de la Constitución, el cual establece que la jornada laboral será de ocho horas diarias, para llevarla hasta seis. "Esto puede ser contraproducente porque uno de los grandes problemas de la economía venezolana es la falta de productividad. Y así se reduciría aún más", indicó un empresario español.

Asimismo planteó modificar el artículo 87, referido a la seguridad social, para garantizarle protección y cobertura a los trabajadores autónomos. Dijo que de aprobarse su planteamiento el Gobierno creará un fondo que garantizará las pensiones, el paro y otros beneficios a esos sectores actualmente excluidos. Venezuela carece de un sistema de seguridad social eficiente. "Esta medida equivaldría en España a nuestra seguridad social. Es una medida muy necesaria", señala el citado empresario.

El mandatario también propuso eliminar autonomía al Banco Central de Venezuela (BCV), organismo que se encarga de la política monetaria y gestionar las reservas internacionales de la nación petrolera, las cuales ascienden a 22.000 millones de euros. En la actualidad, el Gobierno ya dispone a su antojo de esos recursos, pues a través de una modificación de la ley que regula a la entidad financiera la forzó a entregarle parte de los ahorros en divisas que mantiene en sus arcas para financiar iniciativas oficiales, como la adquisición de aviones de combate rusos.

La pérdida de autonomía del Banco Central sería la reforma más trascendente, según afirma un economista y diplomático europeo afincado en Caracas. "Las constituciones de muchos países hispanoamericanos tratan de garantizar la independencia del Banco Central para que ningún Gobierno financie sus propios déficit a través del Banco Central. Pero Chávez cree que esa medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional le ata las manos a la hora de gastar dinero".

"Su medida", añadió el citado economista, "parece una vuelta atrás, aunque tal vez a Chávez no le falte algo de razón. Puede que no sea fundamental mantener la autonomía del Banco Central para este tipo de país. Pero el problema es que, sin autonomía, ese dinero se gasta después sin ningún tipo de control. Se invierte por adjudicación directa".

La propuesta de permitir al jefe del Estado optar a la presidencia tantas veces como lo desee figura también en el proyecto de reforma constitucional, como estaba previsto. Además, propuso incrementar de seis a siete años el mandato presidencial. "Propongo que el artículo 230 rece así: el periodo presidencial es de siete años, el presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo periodo... Así de sencillo", dijo, en medio de los aplausos de los 167 diputados de la Asamblea, todos ellos partidarios de Chávez, ya que la oposición no se presentó a las elecciones de diciembre de 2005.

Chávez muestra un ejemplar de la Constitución durante su intervención en la Asamblea Nacional.
Chávez muestra un ejemplar de la Constitución durante su intervención en la Asamblea Nacional.REUTERS

REFORMAS ECONÓMICAS DE CHÁVEZ

En 2001, el presidente Chávez dictó, autorizado por el Parlamento de entonces, 49 leyes que, según dijo, "sentarían las bases" de su proceso revolucionario. Entre las normas figuraban la polémica Ley de Tierras, la cual prohíbe a cualquier ciudadano tener más de 5.000 hectáreas sin producir.

En 2002, coincidiendo con el paro petrolero impulsado por sectores opositores, el mandatario estableció un control de cambios, medida que impide a los venezolanos adquirir o vender libremente divisas extranjeras. En la actualidad, un venezolano sólo puede disponer de unos 7.000 euros para compras electrónicas o viajes al exterior, los cuales debe tramitar ante el Gobierno.

En 2007, Chávez anunció un plan de nacionalizaciones de empresas eléctricas y telefónicas, por las cuales ha desembolsado cerca de 3.000 millones de euros.

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