Coca, contra viento y marea
Bolivia ha pedido apoyo a Colombia para eliminar la hoja de la lista de estupefacientes de la Convención de Ginebra
El Gobierno de Bolivia mantiene la estrategia de despenalizar la hoja de coca, pese a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito deja traslucir, en un informe anual, su preocupación ante el incremento de los cultivos en este país, tercer productor mundial, después de Perú y Colombia, y el aumento de la ilegal elaboración de cocaína, calculada ahora en 113 toneladas de droga al año.
El canciller boliviano, David Choquehuanca, casi al término de su visita oficial a su colega colombiano el miércoles, solicitó el apoyo de esa nación para continuar gestiones encaminadas a eliminar la hoja de coca de la lista de estupefacientes que la Convención de Viena incluye desde 1961.
"Hemos pedido al Gobierno de Colombia que nos acompañe a fin de obtener apoyo dentro de la OEA (Organización de Estados Americanos) para que no se penalice el consumo de hoja de coca", dijo el canciller boliviano en declaraciones a la prensa e hizo notar que la masticación (acullico) es parte del legado y tradición indígena, que se practica, además de en las tres naciones, en el norte argentino y chileno.
El aimara Choquehuanca es un convencido de que la prohibición del uso y consumo de la coca, fuera de las fronteras de Bolivia, es una visión occidental, de hombres blancos que han intentado desde siempre hacer desaparecer las costumbres, historia e idioma de otras culturas; visión que encaja con la lucha que, desde los inicios de su carrera como dirigente sindical, ha sostenido el jefe de Estado, Evo Morales, que es presidente de la Federación de Productores de Hoja de Coca de Chapare, la mayor y más combativa organización sindical de cocaleros del país.
El incremento de las áreas de cultivo durante 2008 alcanzó una tasa del 6% respecto al año anterior, según el informe de la ONU; de 28.900 hectáreas se subió a 30.500, una cifra sensiblemente superior a las 12.000 hectáreas permitidas por la legislación boliviana, que no ha sido modificada por el Gobierno de Morales.
El aumento de la superficie cultivada comenzó en la Administración del presidente Carlos Mesa, cuando se abrió la frontera de la coca al permitir el cultivo de un cato (un cuarto de hectárea) por familia de cocalero, que se expandió rápidamente a zonas no tradicionales (impedidas por ley), especialmente en Yungas de La Paz, que ahora concentra el 69% de los cultivos, y a otras áreas del mismo Chapare, en el centro de Bolivia.
El Gobierno, que cree que los mismos cocaleros pueden equilibrar la producción y consumo de hoja de coca con fines lícitos, ha aplicado mano dura contra aquellos campesinos que intentaron plantar coca en los parques nacionales, y continúa su vigilancia, especialmente en la zona de Carrasco e Isiboro Scure, considerados pulmones de la cabecera amazónica.
Pero sin el apoyo de la Agencia Estadounidense Antidroga (DEA), que fue expulsada por el Gobierno en noviembre del pasado año acusada de conspiración, la unidad de información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) tiene que desplegar mayores esfuerzos en una lucha muy desigual para controlar los excedentes de producción.
La mayor parte de la coca de La Paz y Cochabamba tiene un destino seguro: la ilícita producción de droga, como reflejan las informaciones de la prensa, que con más frecuencia alerta del descubrimiento de laboratorios de cocaína, ya no de pasta, como en años anteriores, capaces de producir hasta 100 kilos diarios de droga de alta pureza, como es el caso de uno de los últimos laboratorios encontrados en el norte del departamento de Santa Cruz, con presuntas conexiones colombianas y mexicanas, según la policía.
El proyecto gubernamental de industrializar la hoja de coca, con fábricas en Chapare financiadas por Venezuela, no ha logrado avances. El consumo tradicional (acullico, té medicinal, uso social y religioso) en Bolivia no ha superado las 12.000 toneladas anuales. Las otras casi 42.000 toneladas de hoja seca, que el informe de la ONU calcula que produce Bolivia, no pueden ser exportadas en productos medicinales como té para diabéticos, energéticos para deportistas o fuente de calcio, por el efecto de la aplicación de la Convención de Viena en el resto del mundo.
El Gobierno de Evo Morales ha rechazado todos los informes anteriores de organismos especializados en el control de la producción y tráfico de estupefacientes.
