Condenados cinco militares bolivianos por "genocidio"

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha condenado este miércoles a cinco militares y dos exministros a penas de entre tres y 15 años de cárcel por la represión de unas protestas en 2003 en La Paz, que dejó 64 muertos. En el proceso por delito de "genocidio" están también incluidos el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras nueve personas, que se han refugiado fuera del país.

La sentencia por delito de genocidio en la modalidad de "masacre sangrienta" afecta como cómplices y autores mediatos a los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara, y de Desarrollo, Erick Reyes Villa, con tres años cada uno; al ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, y al ex comandante del Ejército, general Juan Véliz Herrera, con 15 años y 6 meses, cada uno; a los ex comandantes de la Fuerza Aérea y Naval, general José Quiroga Mendoza y almirante Luis Alberto Aranda, con 11 años, y al exjefe del Estado Mayor, general Gonzalo Rocabado, con 10 años.

Los hechos se remontan a octubre de 2003, durante las revueltas contra la política económica del Gobierno y la decisión de gas natural por puertos chilenos. La represión con armamento de guerra se saldó con 64 civiles muertos, muchos de ellos ajenos a la protesta, y 450 heridos, la mayor parte por bala. Las movilizaciones, que encabezaba el entonces líder sindical y hoy presidente Evo Morales, provocaron el derrocamiento de Sánchez de Lozada.

El abogado Rogelio Mayta, impulsor del juicio político contra Sánchez de Lozada, ha asegurado que el próximo paso es conseguir la extradición del ex presidente y de sus colaboradores, refugiados en Estados Unidos y Perú. El fiscal general, Mario Uribe, ha anunciado la creación de un equipo de profesionales encargado de lograr este objetivo, al declarar su satisfacción por el fallo del tribunal de sentencia.

Las calles aledañas al Palacio de Justicia han sido escenario de algarabía. Decenas de familiares de las víctimas se han abrazado entre llantos y risas. No era la sentencia que se esperaba. Los abogados han dicho que las penas son blandas y uno de los deudos ha asegurado que han sido "sentencias cariñosas", pues esperaban la máxima pena, que en Bolivia es de 30 años sin indulto. Pero también ha habido llantos entre los familiares de los ex funcionarios que han optado por quedarse en el país, convencidos ellos de su inocencia.

El general Véliz ha lamentado que en el proceso no se haya incluido a todos los actores, entre ellos dirigentes políticos y líderes sindicales, cuya participación en los trágicos hechos de octubre de 2003 no fue investigada por los fiscales. El ex comandante ha anunciado que solicitará una auditoria jurídica internacional que contribuya a un verdadero esclarecimiento de los hechos, los más negros de la historia democrática del país.

Véliz ha lamentado que tampoco se haya investigado a los responsables de las gravísimas lesiones, algunas fatales, que sufrieron policías y militares.