El Congreso ecuatoriano recurre el referéndum de la reforma constitucional de Correa

El Congreso de Ecuador ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a instancias del gobierno de Rafael Correa, de una consulta popular para la instauración de una Asamblea Constituyente. El presidente del TC, Santiago Velázquez, ha asegurado que se tramitará por el procedimiento de urgencia.

El 1 de marzo pasado, el TSE convocó a una consulta popular para el próximo 15 de abril en los términos en que la había solicitado el Gobierno. Correa promueve esta Asamblea para redactar una nueva Constitución "que inserte a Ecuador en el socialismo del siglo XXI", en palabras del propio presidente ecuatoriano. La oposición, sin embargo, sostiene que el objetivo de Correa es instaurar un "modelo autoritario como el de Hugo Chávez en Venezuela".

Al día siguiente, con los votos de 58 de los 100 diputados que lo componen, el Congreso decidió recurrir al Constitucional la convocatoria del TSE, al considerar que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por el ente electoral no respetaba el texto aprobado por el Legislativo sobre la consulta.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y jefe del grupo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carlos Larreátegui, que fue quien entregó el escrito al presidente del TC, ha señalado que la demanda se debe a que el Congreso considera que el TSE y el presidente Correa se han atribuido funciones que corresponden al Legislativo a la hora de aprobar el estatuto que debe regir el referéndum. Larreátegui también ha anunciado que el Congreso prepara un juicio político a cuatro de los siete vocales del organismo electoral que aprobaron la consulta, en la que los ecuatorianos decidirán si quieren una Asamblea Constituyente.

El presidente del TSE, Jorge Acosta, amenazó el 2 de marzo pasado con sancionar a quienes interfieran en la consulta popular y recordó que, al estar ya en un proceso electoral, ese tribunal es "la máxima autoridad del país por sobre cualquier otra". Acosta remarcó, dirigiéndose al Congreso, que "cualquier sanción o juicio que se pretenda seguir en contra nuestro (los miembros del TSE), se debe hacer después de haber proclamado los resultados de la consulta".