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Correa convoca una consulta popular para cambiar la Constitución en el día de su investidura

El nuevo mandatario ecuatoriano asegura en su discurso que el "nefasto" ciclo liberal ha terminado

El nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha convocado una consulta popular para el 18 de marzo con el fin de que los ciudadanos decidan si desean una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. En la consulta se preguntará básicamente sobre la posibilidad de instalar una Asamblea "de plenos poderes". El decreto de Correa, suscrito en una ceremonia especial en la ciudadela Mitad del Mundo, 22 kilómetros al norte de Quito, ha sido el segundo firmado tras tomar posesión este mismo lunes del cargo en el Parlamento.

"Estamos ordenando al TSE que haga la consulta popular y poniendo en conocimiento del Congreso", ha afirmado Correa tras suscribir el decreto y puntualizar así que no ha cedido ante los legisladores, que demandaban que sometiese primero a su aprobación el plebiscito. Entre los argumentos para convocar la consulta, el decreto señala que la Constitución vigente tiene "defectos sustanciales", como por ejemplo, "su carácter patrimonialista y corporativista, la ausencia de espacios para la colaboración armónica que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo".

"Trascendental importancia"

El texto puntualiza que el pueblo ecuatoriano es "el titular único del poder constituyente" y que él ordenó a Correa, con su voto en las urnas el pasado 26 de noviembre, que propicie cambios profundos, lo que tendrá lugar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto presidencial se detalla que la actual Constitución autoriza al jefe de Estado a convocar a consulta popular "cuando a su juicio se trata de cuestiones de trascendental importancia para el país".

En opinión de Correa, es de "trascendental importancia para el país la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución".

Abucheos al Congreso

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Los asistentes han silbado para rechazar de forma sonora el cuarto artículo del decreto, en el que se ordena "remitir al honorable Congreso Nacional copia auténtica del presente decreto, para su conocimiento".

El Parlamento, una de las instituciones más desprestigiadas del país, recibió en Mitad del Mundo un nuevo rechazo cuando los asistentes a la multitudinaria cita han gritado repetidas veces y a coro: "Fuera diputados". "Diputados no, Asamblea sí", han coreado también los asistentes mientras Correa firmaba el decreto 002, en presencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, que lo acompañaba en la tarima en la que el jefe de Estado estaba acompañado de su Gabinete, al que ha dado posesión momentos después. A la cita se ha sumado posteriormente el gobernante de Bolivia, Evo Morales.

Fin al cliclo liberal

En su discurso de investidura, Correa ha anunciado que renegociará la deuda externa y que impulsará un modelo económico de corte socialista. "Iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda externa ecuatoriana y, sobre todo, de las inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canje del año 2000", ha dicho el nuevo presidente. Correa, destacando que el "nefasto" ciclo neoliberal terminó en Ecuador, ha demandado en su intervención a los organismos multilaterales que sean solidarios con la situación social a la que se enfrenta el país y aprueben una renegociación de sus créditos.

Aunque no ha mencionado la posibilidad de declarar una moratoria unilateral dentro del proceso de renegociación, ha advertido de que la comunidad internacional debería constituir un tribunal para determinar la legalidad de determinados segmentos de deuda y aprobar la suspensión de sus pagos.

Objetivo: agotar la legislatura

Durante el acto, Correa ha destacado que "América ha despertado", y ha mostrado su apoyo a todos los gobiernos de izquierdas que se han ido conformando durante 2006, un año electoral decisivo en Latinoamérica que ha supuesto un cambio radical en el mapa político de la región, esto es, en Brasil, Chile, Nicaragua y Venezuela, haciendo mención también a Argentina, Uruguay y Cuba.

Terminar su mandato de cuatro años es uno de los mayores retos para Correa, originario de Guayaquil, casado con la belga Anne Malherbe y padre de tres hijos. Pero la Asamblea Constituyente, propuesta con la que se busca transformar la estructura jurídica y el sistema de representatividad ciudadana en el país, fue el centro de su campaña, una asamblea que no lograron los últimos tres gobiernos de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio.

Pero hay quienes advierten de la necesidad de que la nueva administración no sólo fije en la Constituyente el eje fundamental de la transformación que necesita Ecuador. Para el analista Alfonso Oramas, la transformación viene desde un gran liderazgo político. "No creo que el cambio se va a dar solo a partir de la Asamblea. Creo que el cambio también se da a partir de la capacidad que puede tener el gobernante para que a base de liderazgo y creatividad pueda impulsar el país", ha dicho.

El izquierdista Rafael Correa, durante su discurso a la nación.
El izquierdista Rafael Correa, durante su discurso a la nación.EFE
Hugo Chávez y Evo Morales, los presidentes de Venezuela y Bolivia respectivamente, han estado apoyando al nuevo líder de izquierdas en América LatinaVídeo: ATLAS

Un país dolarizado

Correa recibe un país dolarizado, donde el desempleo, las altas tasas de interés y la inflación se mantienen todavía en altos niveles. Y ahí se desprende otro reto para el nuevo gobierno: el de saber tener un equilibrio para no descuidar este aspecto por estar abocado en el tema de la Asamblea.
Son muchos los retos que esperan al próximo jefe de Estado ecuatoriano, ya que tendrá que hacer frente a uno de los territorios más ricos en recursos naturales de América Latina, pero con más de la mitad de la población inmersa en los índices de pobreza, con una clase política envuelta en la corrupción y un sistema económico falto de estabilidad e iniciativa.
La deuda exterior pública es actualmente de más de 10.000 millones de dólares (casi 8.000 millones de euros), lo cual pesa demasiado sobre una economía que se mantiene desde hace unos años gracias a las remesas que envían los emigrantes.

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