"La Corte Penal Internacional debería actuar en Colombia"

Colombia es un país que se desangra. Lo ha denunciado en diferentes lenguajes políticos, todos democráticos, Gustavo Petro (Zipaquirá, 1960). Este senador de izquierdas, elegido como político más relevante de Colombia por la revista Semana, se ha convertido en uno de los principales denunciantes de la llamada parapolítica, un escándalo que implica a un nutrido grupo de políticos en activo ?casi todos cercanos al presidente, Álvaro Uribe? con el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su formación, el Polo Democrático Alternativo, agrupa a quienes fueron miembros de movimientos como el guerrillero M-19, al que Petro se unió en 1978. El senador viajó a España la semana pasada para participar en un debate organizado en Barcelona por la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Antes de volar a Barcelona, Petro encabezó otro acto, convocado por la Fundación de Estudios Sindicales, con personajes de la izquierda española. Durante una cena, trató de reflejar la situación de emergencia que vive su país, un lugar en el que "se están cometiendo los crímenes contra la humanidad más graves, pavorosos y numerosos en términos de víctimas en la historia reciente del continente americano", según explicó en una entrevista con EL PAÍS.

Pregunta. Para entender la parapolítica colombiana, es ineludible conocer el origen: ¿qué es el paramilitarismo?

Respuesta. El concepto etimológico de este fenómeno es diferente en Colombia. En el paramilitarismo de mi país confluyen tres aspectos: uno, su acepción clásica, es decir una organización de militares y ciudadanos, generalmente grandes propietarios de tierras, que se arman para emprender una guerra sucia contra la insurgencia. Dos, un sistema agrario, heredado de la España feudal, que incluye una muy desigual posesión de la tierra. Y de ahí el tercer elemento: el narcotráfico; en los años ochenta, era un fenómeno urbano que lavaba sus dólares en Panamá. La presión de EE UU sobre Manuel Antonio Noriega [hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989] hizo que los narcos eligieran la posesión de tierras en Colombia como su principal medio de blanqueo. Estos tres elementos dotaron de autonomía financiera y por tanto de poder político al paramilitarismo.

P. ¿Cómo se plasmó este poder durante el reinado paramilitar?

R. Los paras construyeron ejércitos privados para someter a las poblaciones mediante el terror: masacres, descuartizamientos, decapitaciones, asesinatos de bebés y ancianos... Al mismo tiempo, quisieron someter al poder local: funcionarios de la policía regional, alcaldes, jueces, fiscales, políticos... Llegaron a controlar el 30% del Congreso. Es lo que llamamos la parapolítica. Ya hay 10 personas en la cárcel, pero podrían aumentar a 20 si el resto de los implicados también son condenados. Prácticamente todos son afines al Gobierno. Por eso, la parapolítica ha sido vista desde ciertos sectores como un ataque al Gobierno.

P. Los jefes paramilitares desmovilizados gracias a la Ley de Justicia y Paz de Uribe están declarando sus crímenes en los tribunales. ¿Son ellos la principal fuente de información que ha destapado la parapolítica?

R. No. Es más, la aportación de los paramilitares ha sido ínfima. Casi todo lo que sabemos proviene del debate parlamentario de la oposición y sobre todo del esfuerzo de la justicia por medios ordinarios para encontrar los vínculos entre políticos y paras. Y no se ha descubierto toda la verdad, sólo apenas la punta del iceberg.

P. ¿Echa en falta el apoyo de la comunidad internacional?

R. Nuestra opinión es que la Corte Penal Internacional [CPI] debería actuar. Más aun: observadores de la CPI y el fiscal de esa corte deberían estar ya en Colombia observando el proceso de desmovilización de los paramilitares.

P. ¿Y de Europa?

R. Los Gobiernos europeos, que de alguna manera son responsables de la creación de la Corte Penal Internacional, dado que EE UU no ha querido apoyarla, deberían incentivar al menos la creación de una misión de observación. Los jefes paras hoy presos entenderían que, si no dicen lo que saben ante la justicia, como ordena la Corte Constitucional, irán a parar a ese tribunal internacional.

P. ¿Podría ayudar España?

R. La UE concede gran atención a España en la relación con América Latina. Pero los Gobiernos del PP y del PSOE han desarrollado políticas muy similares, porque la diplomacia española está ligada a los intereses de las empresas, que buscan tranquilidad para sus negocios. Por eso, España no actúa. Y al no actuar, su eco resuena en Europa.

P. Las denuncias de su grupo político han incluido también al presidente, Álvaro Uribe. ¿De qué le acusan exactamente?

R. Le acusamos de omisión durante su periodo de gobernador de Antioquia [1995-1997], de permisividad con los paramilitares.

P. Antioquia es una región emblemática para el paramilitarismo.

R. Es la segunda en importancia económica y demográfica del país. La creación de los primeros grupos de las Autodefensas hechos por el Ejército en el Magdalena Medio coincidió con la llegada del narcotráfico a ese territorio escapando de Panamá. Pablo Escobar se instaló allí. En la época en que Uribe era gobernador, el paramilitarismo creció en una proporción que calculamos en el 640%.

P. En un debate parlamentario celebrado la semana pasada, usted mencionó hechos concretos contra Uribe.

R. Durante el debate, mi tesis fue que la política de seguridad de Uribe en aquella época, al igual que hoy como presidente, estaba enfocada exclusivamente a luchar contra la insurgencia, concretamente contra las FARC [primera guerrilla de Colombia], y descuidó la lucha contra una forma de terrorismo peor, que es el paramilitarismo. Hasta el punto de que los grupos llamados Convivir, formados por hacendados para luchar contra los guerrilleros, fueron creados por decreto nacional y desarrollados en Antioquia por el gobernador Uribe. La relación de estos grupos con los paramilitares es clara: el 35% de sus juntas directivas estaba formado por personas que se habían dedicado al narcotráfico o al paramilitarismo en algún momento. Mi denuncia es que la política aplicada por Uribe en Antioquia es la misma que aplica hoy en el país. Y mantengo que la dotación de funciones policiales y militares a civiles para operaciones contrainsurgentes deriva necesariamente en grupos paramilitares y de narcotráfico.

P. Mencionó en el debate un caso estremecedor: el vuelo de dos helicópteros oficiales sobre una localidad de Ituango mientras un grupo paramilitar asesinaba a 15 campesinos en 1997.

R. Fue la masacre del corregimiento de El Haro. Duró cinco días, o sea que no se puede alegar desconocimiento, como en otras masacres en las que los paras entran, matan y se van. Quemaron el caserío, con su correspondiente columna de humo, y a los campesinos les robaron el ganado, lo que originó una hilera de animales que viajaron decenas de kilómetros hasta las haciendas de paramilitares del departamento vecino. Aunque el presidente dice que en la bitácora de los helicópteros no figuraba un viaje sobre El Haro, los pilotos lo han desmentido. No participaron activamente en la matanza, pero eso avala mi tesis: ¿por qué no la detuvieron?

P. ¿Es ésa la única prueba contra el presidente?

R. Hay muchas más. Por ejemplo, otros casos demuestran que las Convivires, actuando con los paras, usaban las fincas de la familia de Álvaro Uribe y de él mismo en Antioquia como base de operaciones.

P. ¿Hasta qué punto cree factibles los planes para asesinarle, como el que denunció recientemente?

R. Días después del debate asesinaron a Judy Adriana Vergara, una líder de mi equipo directo de trabajo . Es un mensaje claro de la mafia paramilitar. Los planes para asesinarme se descubrieron porque uno de los sicarios que se entregó confesó que había sido contratado por quien hoy es jefe de seguridad de la multinacional Drummond, que también ha sido denunciada en EE UU por connivencia con los paramilitares para matar líderes sindicales de su empresa.

P. El Gobierno conservador de Uribe se está quedando solo en América Latina. Y puede que su principal aliado en el continente, EE UU, deje de serlo. De hecho, el demócrata Al Gore se negó a compartir con Uribe la mesa de un foro celebrado la semana pasada en Miami. ¿Qué pasaría con Uribe si Washington le retira el apoyo?

R. Que se cae. Eso sí, al estilo colombiano: no vuelve a ser reelegido.

P. Pero no puede presentarse a otra reelección.

R. No, tiene que cambiar la Constitución. Pero ya lo hizo antes. El problema es que necesita los votos de los amigos del paramilitarismo en el Congreso, con los que no ha roto. De ahí su problema: le hace falta su apoyo, aunque EE UU no lo apruebe. No puede romper con el paramilitarismo en el interior del país, pero sus relaciones incestuosas con él tienen un precio político en el exterior.