Crecen en Guatemala las amenazas contra activistas de los derechos humanos

Lejos de disminuir, las violaciones a los derechos humanos en Guatemala se han incrementado en los últimos cuatro años y las organizaciones que se dedican a su promoción y defensa son víctimas de amenazas, que surgieron con nuevo vigor desde que los tribunales, con el apoyo de la justicia internacional, empezaron a conocer los casos de genocidio ocurridos durante la guerra civil vivida en este país entre 1960 y 1996.

La situación, que ha merecido una denuncia pública de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), es grave: desde el inicio de la actual legislatura, en enero de 2004, se han registrado 1.124 ataques contra organizaciones o activistas de derechos humanos, 138 de ellos entre enero y junio de este año. Estos hechos son escasamente investigados, extremo que, de acuerdo con el representante de la ONU para la materia en Guatemala, Anders Kompass, "aumenta la percepción de que no hay suficiente voluntad política para proteger a los defensores". Añade que "uno de los mayores peligros es que se aproveche el clima generalizado de inseguridad e impunidad para amedrentar a quienes trabajan por los derechos humanos".

En cualquier caso, la intervención de la Audiencia Nacional de España ha sido positiva, "porque ha abierto las puertas para que a nivel interno se haga una lucha para que se juzgue a los ex mandatarios implicados en casos graves de genocidio", dijo a EL PAÍS Claudia Pac, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Esta situación ha hecho que los poderes fácticos tradicionales "se sientan amenazados". Para Pac, la mayor falla radica en el Estado guatemalteco, "incapaz de abanderar estas causas, que no avanzan".

La impunidad es uno de los factores que impiden el avance de la democracia en Guatemala. Una encuesta, publicada este miércoles por el matutino local Siglo Veintiuno, revela que el 60% de los guatemaltecos apoya la llamada "limpieza social", eufemismo que esconde las ejecuciones extrajudiciales, mientras un 34% se mostró "totalmente de acuerdo" con la práctica de los linchamientos, que sólo en junio ha costado la vida a por lo menos cinco personas.