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Desciende el número de personas ejecutadas, según Amnistía Internacional

Pese a la tendencia a la abolición de la pena capital, la ONG alerta de que varios países aún la aplican para castigar delitos no violentos

El número de personas ejecutadas en el mundo a lo largo del año pasado ha descendido, en una confirmación de la tendencia a la abolición de esta pena, según Amnistía Internacional. Veintitrés países aplicaron la pena capital en 2010, cuatro más que el año anterior. Sin contar con los miles de reos ejecutados en China, que no facilita datos al considerarlos secreto de estado, al menos 527 personas sufrieron esta pena, frente a las 714 de 2009.

Sin embargo, la organización de derechos humanos alerta en su informe anual de que todavía varios países aplican la pena capital para castigar delitos no violentos, como el tráfico de drogas, crímenes económicos, relaciones consentidas entre adultos y blasfemia. Esto supone una "violación de las leyes internacionales de derechos humanos que prohíben el uso de la pena de muerte excepto para los delitos más graves", afirma el secretario general de Amnistía, Salil Shetty, en un comunicado.

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Aunque China ha eliminado este castigo para 13 crímenes no violentos, aún se aplica para 55 delitos, según anunció la prensa local el mes pasado.

Irán encabeza el número de ejecuciones registradas en 2010, con al menos 252, seguida por Corea del Norte (60), Yemen (53), Estados Unidos (46), Arabia Saudí (27), Libia (18) y Siria (17), según la ONG, que recuerda que estas son las cifras de las que tiene constancia, a través de datos oficiales, activistas de derechos humanos y la prensa, y que los datos reales pueden ser mucho más elevados.

Les siguen Bangladesh (9), Somalia (8), Sudán (6), la Autoridad Nacional Palestina (5), Taiwan (4), Egipto (4), Guinea Ecuatorial (4), Bielorrusia (2, el único país europeo en aplicarla en 2010), Japón (2), Singapur (2), Vietnam (2), Irak (1), Malasia (1), Bahréin (1) y Botsuana (1).

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Los métodos utilizados varían entre la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal y el fusilamiento. Hay Estados como Bielorrusia, Botsuana, Egipto y Japón donde a los condenados no se les informa de su próxima ejecución, mientras que en Bielorrusia, Botsuana y Vietnam no se entrega a las familias el cadáver del ejecutado para que puedan enterrarlo.

Pese al pequeño repunte en el número de países que han aplicado esta pena en 2010, la ONG recalca que hay una clara tendencia hacia la abolición. Según Amnistía, a mediados de la década de 1990, un total de 40 países llevaban a cabo ejecuciones, frente a los 23 de 2010.

La organización subraya que los Estados que han dejado de aplicar la pena de muerte por ley o por establecer una moratoria "han aumentado considerablemente en el último decenio, pasando de los 108 de 2001 a los 139 de estos últimos años", afirma. Gabón eliminó la pena de muerte de su legislación en 2010, y a finales del año pasado, consideraban la abolición Líbano, Malí, Mongolia, que ha establecido una suspensión, y Corea del Sur.

El secretario general de Amnistía Internacional recuerda que el año pasado "por tercera vez, y con más apoyo que nunca, la Asamblea General de la ONU pidió una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo". "Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones no tienen en cuenta el hecho de que tanto las normas internacionales de derechos humanos como los organismos de derechos humanos de la ONU han sostenido de manera sistemática que la abolición de la pena de muerte debe ser el objetivo último. Un mundo sin pena de muerte no sólo es posible, sino inevitable. La cuestión es saber cuándo lo conseguiremos", señala Salil Shetty.

Durante el año pasado, se impusieron al menos 2.024 nuevas sentencias a muerte en 67 países. En total, 17.833 personas en todo el mundo estaban condenadas a la pena capital a finales de 2010.

Todas estas cifras serían mucho mayores si se incluyeran estimaciones sobre China, pero Amnistía Internacional decidió en 2010 no publicar cifras mínimas de este país. En cambio, ha emplazado a las autoridades a que publiquen las cifras anuales del número de personas condenadas a muerte y ejecutadas, y que confirmen así su afirmación de que han disminuido.

Cámara de ejecuciones de la prisión de Raleigh (Carolina del Norte, Estados Unidos).
Cámara de ejecuciones de la prisión de Raleigh (Carolina del Norte, Estados Unidos).AP

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