JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 08/05/2008
La llegada a la reserva Raposa do Sol, en el Estado brasileño de Roraima, del ministro de Justicia, Tarso Genro, el pasado martes con 300 policías militares ya ha dado sus frutos: ha sido detenido el arrocero Paulo César Quartiero, que es también alcalde de Paracaima, una de las localidades contiguas a la reserva, cuyos hombres habían herido de bala a 10 indios.
La intervención de la Policía Militar en la reserva fue aprobada por el Supremo Tribunal Federal, que aún tiene que emitir una sentencia definitiva sobre la retirada de todos los ocupantes blancos de la reserva. El ministro calificó a los hombres del colono que dispararon armas de fuego contra los indios de “pistoleros y terroristas”. Por ahora, se desconocen los cargos por los que el arrocero ha sido detenido.
Un grupo de más de cien indios —hombres, mujeres e incluso niños— habían bloqueado la carretera RR-319 para impedir a los arroceros transportar sus mercancías fuera de la reserva. Los indios afirman que dicha carretera sirve sólo para que los agricultores que desde hace años ocupan parte de la reserva saquen los productos de sus cultivos.
Asunto espinoso
La policía no quiso intervenir ni retirar al grupo de indios que ocuparon la carretera por miedo a crear nuevos conflictos. De hecho, se trata de un tema muy espinoso que está enfrentando al Gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, favorable a la salida de todos los blancos de la reserva de 1,7 millones de hectáreas entregada a los indios, con el gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien defiende al arrocero, detenido tras haber calificado la invasión de su hacienda de “acto de terrorismo” por parte de los indios. En general, los políticos locales suelen beneficiarse durante las elecciones de la ayuda de los colonos de la región.
El gobernador ha vuelto a emplear el argumento de que las ONG extranjeras, que suelen defender a los indios, en realidad están alimentando la idea de una intervención internacional en la Amazonia. Las organizaciones internacionales arguyen que, por tratarse de una de las mayores reservas ecológicas del planeta, debería ser gestionada no sólo por Brasil sino por una comisión internacional.
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