Detenidos cuatro policías salvadoreños acusados de "exterminar" delincuentes

Cuatro agentes de la policía salvadoreña, todos pertenecientes a las Unidades de Investigaciones Criminales (UDIN), fueron detenidos el lunes por la noche (hora local) bajo la acusación de formar parte de una estructura clandestina que opera en el seno de ese órgano de seguridad para dedicarse a la eliminación física de delincuentes en la zona oriental de El Salvador.

En esta región, las pandillas de jóvenes delincuentes conocidas como maras atenazan duramente con extorsiones a empresarios del transporte y a comerciantes de diferentes sectores.

Los capturados, al parecer, participaban en una estructura o "grupo de exterminio" que supuestamente dirigía un sargento policial llamado Nelson Arriaza, que está procesado desde principios de este mes junto a otras dos personas acusadas de varios homicidios "por encargo".

Este escuadrón de la muerte desarrollaba sus actividades delictivas en las provincias orientales de San Miguel, Morazán y La Unión, todas vecinas y cercanas entre sí.

Trama mafiosa

Los detenidos el lunes fueron los agentes Henry Vladimir Hernández Salmerón, Andy Shefick Cruz Vásquez, Edilberto Paiz Morales y Roberto Carlos Chévez; estos tres últimos formaban parte de la Unidad de Investigaciones (UDIN) de la provincia de La Unión, la más oriental de El Salvador. Hernández Salmerón estaba destacado en San Miguel y se le acusa directamente del asesinato colectivo de tres personas ocurrido en la población de Jocoro, en la provincia oriental de Morazán, el 21 de julio pasado.

En dicha masacre también pudo haber participado el sargento Arriaza, así como el ex agente policial Carlos Chévez (procesado desde principios de agosto por múltiples homicidios). En las investigaciones de dicha masacre se dice que el jefe del escuadrón dejó abandonado su teléfono celular en la escena del crimen, lo que sirvió de punto de partida para iniciar las pesquisas en su contra.

Investigaciones judiciales a las que han tenido acceso medios de prensa revelan nexos existentes entre esta estructura de policías, ex policías y civiles con grupos de empresarios que supuestamente les pagaban para cometer asesinatos. En el expediente abierto a Arriaza se indica que existen pruebas de que constantemente se reunía con grupos de empresarios de San Miguel en restaurantes y bares de lujo, donde supuestamente se planificaban los homicidios. Incluso se revela que el grupo empresarial tenía tanta influencia en los mandos policiales de la región oriental que en una ocasión, en 2006, se impidió el traslado de Arriaza hacia otra dependencia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Por otra parte, se ha conocido que los investigadores de la División contra el Crimen Organizado (DICO) que capturaron a los integrantes de este grupo de exterminio han recibido amenazas telefónicas por parte del denominado Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez, nombre de un dictador salvadoreño del siglo pasado. Antes de la guerra civil (1980-1992) actuó un escuadrón de la muerte denominado Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez, que se responsabilizó del asesinato colectivo, en noviembre de 1980, de los líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), entre ellos el empresario Enrique Álvarez y el campesino Juan Chacón.

Grupos de exterminio

Hace un año aparecieron, en el oeste de El Salvador, varios presuntos pandilleros de las maras asesinados y con comunicados del referido Comando XGN Maximiliano Hernández Martínez. De estas acciones, como la ocurrida el 21 de agosto de 2006 en el caserío La Cuesta, de San Miguel, se responsabiliza al ex agente Carlos Chévez, al parecer mano derecha de Arriaza en la cadena criminal.

En 1996 fue desmantelado, también en el oriente de El Salvador, un escuadrón de la muerte denominado Sombra Negra, que supuestamente asesinó a más de 30 pandilleros y que estaba integrado por agentes policiales. En el proceso judicial se les absolvió por falta de pruebas.

En otras regiones de El Salvador, como en las provincias occidentales de Sonsonate y Santa Ana, también se han denunciado acciones de grupos de exterminio por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero la policía nunca respondió a las peticiones de actuación, según la ex procuradora Beatrice de Carrillo.