EE UU aumenta la presión a Siria con nuevas sanciones

La Casa Blanca aumentó ayer la presión sobre el régimen sirio al aplicar nuevas sanciones comerciales y económicas contra el mayor banco y la principal operadora de telefonía móvil del país. De ese modo, Washington congela los activos en EE UU del Banco Comercial de Siria, de propiedad estatal; una filial suya en Líbano, y la telefónica Syriatel, propiedad del cuñado del presidente sirio, Bachar el Asad. Además, prohíbe a ciudadanos y empresas norteamericanos hacer negocios con ambas entidades.

El Banco Comercial de Siria, que cuenta con una cincuentena de sucursales, ofrece financiación al Centro de Investigación y Estudios Científicos de Siria y al Banco Comercial Tanchon de Corea del Norte, que según EE UU son tapaderas para la distribución y compraventa de armas de destrucción masiva. El subsecretario del Tesoro en materia de espionaje y lucha contra el terrorismo, David Cohen, señaló que el objetivo de las sanciones era "la infraestructura que presta soporte a El Asad y a las acciones ilícitas de su régimen".

En un comunicado posterior, la Casa Blanca señaló que el presidente Barack Obama está convencido de que Siria estaría mejor sin Bachar el Asad, y anunció que mantendrá la presión sobre el Gobierno sirio. Algunos altos funcionarios señalaron a la agencia Associated Press que Obama se dispone a pedir la dimisión de El Asad, por primera vez desde que comenzara la oleada de represión hace cinco meses. Pedir la marcha del presidente abriría el camino a futuras sanciones, más duras, contra el régimen de Damasco dentro del marco de la ONU, siguiendo el camino que ya se recorrió en el caso de Libia.

Ayer, un nuevo ataque del Ejército en la ciudad de Homs dejó entre nueve y 11 muertos, según activistas humanitarios. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tenía previsto informar al Consejo de Seguridad del incremento en los últimos días de la represión. El Consejo de Seguridad aprobó el 3 de agosto una declaración de condena que concedía a El Asad siete días para detener los ataques contra la población, a riesgo de enfrentarse a posibles sanciones.