El Ejército chileno dejará de financiar la defensa de los represores de la dictadura
Cada mes se descuenta una cantidad del sueldo de los militares para pagar abogados
El Ejército de Chile dejará de financiar la defensa de militares enjuiciados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990), según anunció ayer el ministro de Defensa, José Goñi. El descuento mensual de una proporción del sueldo a todos los integrantes del cuerpo castrense para pagar a los abogados de los implicados en esos casos podría terminar "en las próximas semanas", declaró Goñi a Radio Cooperativa.
Esa situación "terminará en el más breve plazo" por decisión del comandante en jefe del Ejército, el general Óscar Izurieta, añadió el ministro. "El general Izurieta ya ha aclarado esta situación, ha señalado que se están tomando las medidas internas para sacar de la institución la recolección de este fondo", precisó.
Según Goñi, en el futuro, si algún militar o civil quiere colaborar con los involucrados en esos casos podrá hacerlo de forma privada.
El ministro admitió que esas contribuciones "tienen una buena intención" cuando se ayuda a militares inocentes, pero el problema surge cuando el dinero se utiliza en la defensa de personas vinculadas a violaciones de los derechos humanos.
El debate por la financiación de los abogados de militares procesados resurgió hace algunas semanas en Chile tras la fuga del general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien se negó a cumplir una sentencia de cinco años de prisión que le impuso la justicia en un proceso por un detenido desaparecido. Iturriaga, que formó parte de la cúpula de la Dina, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, se declaró "en rebeldía" por considerar la condena "injusta e inconstitucional".
Según las organizaciones de militares retirados, que apoyaron la actitud de Iturriaga, en Chile hay unos 570 ex uniformados imputados, procesados o condenados por violaciones de los derechos humanos.
Iturriaga y las agrupaciones de ex oficiales rechazan la aplicación de las normas internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, y señalan que debería aplicarse una ley de amnistía que Pinochet dictó en 1978 o las normas de prescripción que rigen para los delitos comunes.
