El Ejército mexicano devuelve las armas confiscadas a 2.000 policías de Tijuana

El Ejército mexicano devolvió ayer a la policía municipal de Tijuana 2.130 armas de fuego que le había quitado el pasado 4 enero para investigar si alguna había sido utilizada para cometer delitos. La confiscación fue la primera medida del operativo contra el narcotráfico puesto en marcha el pasado 4 de enero por el presidente Felipe Calderón. Las autoridades de Tijuana, una de las ciudades más violentas de México y paso obligado de la droga hacia EE UU, han pedido al fiscal federal una aclaración para "desagraviar" a la policía local y el informe de la revisión de las armas.

El desarme de la policía local había provocado el descontento de los agentes, quienes convocaron varias manifestaciones para exigir al Gobierno federal que demostrara sus presuntos vínculos con el crimen organizado. La policía de Tijuana está integrada por unos 2.000 efectivos, muchos de los cuales decidieron equiparse con tirachinas para hacer sus rondas de vigilancia y defenderse mientras estuvieron desarmados. Otros se negaron a patrullar desarmados.

El secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Luis Javier Algorri, explicó que el anuncio de la devolución de las armas se produjo la noche del viernes, pero que no se entregaron a los agentes hasta verificar primero que se trata de las mismas que el Ejército se llevó hace tres semanas.

El alto funcionario dijo también que espera que las armas de otras instituciones policiales del país, tanto estatales como federales, sean revisadas del mismo modo. Sin embargo, se mostró contrario al desarme total de la policía y manifestó que el estudio del armamento se debe hacer de una manera "más práctica".

Según Algorri, en los últimos días en que los agentes estuvieron desarmados "desafortunadamente la ciudad se tomó la justicia por su mano". En ese periodo de tiempo, hubo 16 intentos de linchamiento en contra de presuntos ladrones en diversos puntos de la ciudad y se cometieron 17 asesinatos, según datos de la propia Fiscalía local.

Tijuana es una de las ciudades mexicanas más violentas y sede del cartel del narcotráfico de los hermanos Arellano Félix. Esta ciudad, fronteriza con San Diego, también está considerada como la mayor puerta de entrada de las drogas a EE UU.

Tal vez por ello el presidente Felipe Calderón la eligió para poner en marcha el pasado 4 de enero -apenas un mes después de asumir la jefatura del Estado- un amplio operativo policial y militar, dotado de más de 3.000 efectivos, como parte de su estrategia para contener al crimen organizado, que el año pasado se cobró en el país más de 2.000 muertes.

Como primera medida, los agentes federales confiscaron las armas de la policía de la ciudad, en medio de especulaciones y rumores sobre la implicación de algunos agentes en el tráfico de drogas. Ayer, un funcionario estatal dijo que no estaba claro si algún o algunos policías habían sido imputado por colaborar con el narcotráfico u otro delito.

Antes de la operación en Tijuana, Calderón había puesto en marcha un operativo similar en el Estado de Michoacán.