Embrollo legal en Guantánamo

La puesta en escena de cinco de los acusados del 11-S, que el lunes anunciaron ante un juez de las comisiones militares de Guantánamo su intención de declararse culpables para que se les imponga la pena capital, añade nuevos problemas a la ya de por sí complicada situación a la que tendrá que enfrentarse el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, cuando tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero.

Obama dijo durante la campaña presidencial que cerraría la prisión de la base militar, plan que ha reiterado tras ganar las elecciones el pasado 4 de noviembre. Pero, ¿qué ocurrirá en este caso, el más importante de los que se juzgan aquí, si el presidente decide paralizar los procesos una vez que los acusados se hayan declarado culpables? ¿Se les puede imponer la pena de muerte sin juicio previo, con su confesión? ¿Serán ejecutados antes de la clausura del sistema?

Víctimas y abogados defensores discrepan estos días de la conveniencia de que los cerebros del 11-S sigan siendo juzgados en Guantánamo. Hay nueve familiares de víctimas presenciando esta semana las vistas en la base. El lunes por la tarde, siete de ellos ofrecieron una rueda de prensa en la que se mostraron orgullosos del trato que su país dispensa a los terroristas. Ninguno estaba de acuerdo con la idea de que estos casos pasen a tribunales ordinarios y se abandonen las comisiones militares. Creen que, según lo que están viendo, es un proceso justo.

Los abogados defensores, la mayoría militares y algunos civiles, explicaron que lo que se puede ver desde la sala de los observadores no es más que una pequeña parte del retrato completo. Lo definieron como "un espectáculo", como un proceso que "no es justicia". "Aquí no rige el imperio de la ley", señaló Jon Jackson, abogado militar de uno de los acusados. "Son personas que tienen problemas por lo que les hemos hecho como nación. Han sido torturados antes de llegar a Guantánamo. Aunque ahora se les concedan derechos, eso no soluciona lo que ya se les ha hecho". El director de la CIA ha reconocido que al considerado organizador de los atentados, Jalid Sheij Mohamed, se le interrogó a través de la técnica del waterboarding (simulacro de ahogamiento). El procedimiento está viciado desde el origen.

Se está evaluando psiquiátricamente a dos de los acusados para ver si tienen la capacidad suficiente para decidir declararse culpables. En caso de que finalmente lo hagan los cinco, o algunos de ellos, el juez del caso, el coronel del Ejército Steven Henley, tendrá que tomar varias decisiones, porque las leyes en Guantánamo, una vez más, no están claras. En primer lugar, ni siquiera está claro que pueda aceptar su declaración de culpabilidad y prescindir del juicio al tratarse de un proceso en el que los acusados se enfrentan a la pena de muerte. Si estuvieran siendo juzgados en un tribunal militar estadounidense convencional, no podría hacerse.

Pero la Ley de las Comisiones Militares, aprobada en 2006 por el Congreso y que es la que rige estos procesos de excepción, no dice nada. Así que el juez ha pedido a los fiscales un informe jurídico que tendrán que presentar el 21 de diciembre sobre si puede o no aceptar la declaración de culpabilidad. El informe podrá ser contestado por la defensa, pero es el magistrado el que debe tomar la decisión final.

Si decide aceptarlos como culpables, se plantea una segunda cuestión. ¿Puede imponerles la pena de muerte, como ellos piden, o con la confesión sólo se podría dictar una pena de prisión? Esto tampoco está determinado. Y, si se decidiera que es legal imponer la pena máxima, ésta tendría que ser en todo caso decidida por unanimidad por un jurado. Aunque no se celebrara el juicio, sería necesario reunir a los miembros del jurado para que deliberen y voten. Finalmente, hay una pregunta no resuelta. Si son condenados, ¿dónde se les ejecutaría?

Guantánamo plantea una infinidad de problemas jurídicos desde su nacimiento. Ahora el cierre no parece fácil. Y el proceso del 11-S y la voluntad de morir como mártires y cuanto antes de los acusados abren un sinfín de nuevas incógnitas que tendrá que ir resolviendo en un primer momento el juez, y, a partir del 20 de enero, Barack Obama.

Como se decía durante el primer juicio, "los ojos del mundo" volverán a estar sobre esta pequeña base militar de la isla de Cuba.