España: no más, pero tampoco menos
En España también hay debate en torno a la energía nuclear y su futuro. La gran dependencia energética del país -por encima del 80%-, el aislamiento de la península Ibérica en el mercado de la energía europeo y las exigencias que impone el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han avivado en los últimos años la cuestión nuclear.
España inició la producción de energía nuclear en 1968, y en 1984, con el primer Gobierno socialista, que cumplía así la promesa electoral dirigida a un electorado mayoritariamente opuesto a este tipo de energía, se decidió paralizar el programa de construcción de centrales. Del primer impulso queda en estos momentos un debate en alza y 10 instalaciones nucleares. Entre ellas se encuentran seis centrales -Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Santa María de Garoña, Trillo I y Vandellós II- que forman un total de ocho grupos nucleares. Otra central (Zorita) dejó de producir en 2006, mientras que Vandellós I se encuentra en proceso de desmantelamiento. España posee, además, una fábrica de combustible nuclear en Salamanca (Juzbado) y un centro de residuos radiactivos de baja y media actividad en Córdoba (El Cabril).
Con este equipamiento nuclear, y desde los años setenta, la energía derivada del átomo ha cubierto en torno a la quinta parte de las necesidades de electricidad del país. En este contexto, los partidos que han gobernado desde la década de los ochenta, PP y PSOE, han sido extremadamente prudentes al abordar sus planes para este tipo de energía. La razón es sencilla: un pronunciamiento rotundo puede costar muchos votos.
Por eso no ha habido nunca pronunciamientos claros. El PSOE, desde 2000, se ha limitado a aludir a la progresiva disminución del peso de la energía nuclear en el conjunto de la cesta energética. Lo que no equivale a cerrar centrales. La idea que se ha impuesto, mientras el debate nuclear cobra intensidad, es que España no puede prescindir de la energía de origen nuclear. A corto plazo, el plan es sencillo: no más centrales, pero tampoco menos. A medio y largo plazo, tímidamente, se impone la idea de que, sin construir nuevas instalaciones, se podrá aumentar la potencia de las instalaciones en funcionamiento y prorrogar la vida útil de las centrales que -como Garoña- se acercan al límite de su ciclo vital previsto.
Empresarios de la energía, especialistas y políticos coinciden en que la opinión pública española es todavía mayoritariamente antinuclear. Y saben que un cambio de opinión requiere tiempo. Tanto, al menos, como la tramitación de cualquier hipotético nuevo proyecto de central.
Por ello, desde la industria nuclear -controlada por las empresas eléctricas- se publicita con todo el ruido posible cualquier nuevo proyecto nuclear autorizado en Europa. Sea en Finlandia o en el Reino Unido. Es un lento trabajo de zapa al que, en los últimos meses, se han adherido incluso los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, contrarios al cierre de centrales. El debate, sin duda, se va a intensificar.
