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Entrevista:

"Estados Unidos debe cambiar su política de derechos humanos, más allá de Guantánamo"

Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema argentina, critica la política antiterrorista tras el 11-S

Violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura, desapariciones forzosas, detenciones secretas y arbitrarias, juicios sin garantías. Un panel internacional de ocho juristas ha llevado a cabo una investigación durante tres años para documentar la lucha antiterrorista liderada por Estados Unidos tras los ataques del 11-S y han elaborado un informe. Personalidades como Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, o Arthur Chaskalson, primer presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, denunciaron ayer en Ginebra que el orden legal internacional está en peligro.

Critican que los estados hayan otorgado cada vez más poder a sus agencias de inteligencia en la lucha contra el terrorismo para evitar el control de los poderes judicial y legislativo. Y llaman a la Administración de Obama a revertir las prácticas de la "guerra contra el terror" de la era Bush. El juez Raúl Zaffaroni (Buenos Aires, 1940), miembro de la Corte Suprema argentina y uno de los ocho panelistas, ha hablado por teléfono con ELPAÍS.com sobre los peligros de luchar contra el terrorismo fuera de la ley.

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Pregunta: Ustedes afirman de forma muy contundente en su informe que la respuesta de algunos gobiernos a los ataques del 11-S ha puesto en peligro el orden legal internacional, basado en el respeto por los derechos humanos. ¿Por qué?

Respuesta: En el aspecto formal, toda legislación antiterrorista dispone la incorporación de pruebas sin derecho a la defensa, la privación de libertad sin control judicial, etc. Se trata de un conjunto de medidas que se introducen en una legislación con motivo de un delito particular, son medidas de urgencia que están vigentes por un tiempo determinado. Lo que sucede, en la práctica, es que esta legislación de emergencia se extiende y acaba contaminando todo el sistema legal. Eso es, en líneas generales, lo que hemos visto en nuestra investigación.

P: ¿Cree que la opinión pública se ha movilizado lo suficiente para defender sus derechos y libertades, o el miedo ha servido para justificar prácticas poco justificables?

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R: Es verdad que tras el 11-S hubo pánico y esto puede hacer que la opinión pública se incline a aprobar estos procedimientos. Pero lo que queremos resaltar es que esto produce graves problemas en el sistema penal y que, además, tiene efectos contraproducentes para la propia lucha antiterrorista. Se ha producido la estigmatización de algunas comunidades, por ejemplo las comunidades islámicas, y esto favorece la identificación de algunos jóvenes con los extremismos.

P: También critican que en algunos países se ha aplicado la legislación antiterrorista a supuestos que no tenían nada que ver, a viejos conflictos internos.

R: Sí, esas leyes se han instrumentalizado con motivos que tienen poco o nada que ver con el terrorismo.

P: Dicen que las agencias de inteligencia tienen cada vez más poder y más recursos, y que la cultura del secretismo ha servido para evitar que se asumieran responsabilidades.

R: Ha habido una tendencia a la autonomización de las agencias de inteligencia con respecto a los poderes políticos, y estas agencias cada vez son más poderosas. Han adquirido nuevos poderes de vigilancia, arresto, detención e interrogación, suplantando a las autoridades correspondientes, y sin que nadie ejerza ningún tipo de control democrático sobre ellas. Es algo muy peligroso.

P: Ustedes piden al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que lleve a cabo una investigación amplia y transparente sobre las prácticas de la "guerra contra el terror", y que asuma un rol de liderazgo en la promoción y la defensa de los derechos humanos.

R: Confío en que Estados Unidos modifique su política, más allá del cierre de Guantánamo, dado, entre otras cosas, el desprestigio que le ha causado en buena parte del mundo. Creemos que hay países que ejercen su liderazgo y que deben mantener una conducta ejemplar en materia de derechos humanos. Si no, ¿qué vamos a hacer los países de la periferia? No deja de asombrarme y apenarme que, a estas alturas, Estados Unidos diga que va a acabar con la tortura.

P: El informe defiende que no hay que renovar el orden legal internacional que existía antes del 11-S, que es suficiente.

R: Es suficiente en la medida en que los gobiernos lo respeten

P: Pero, ¿no creen que hoy existan nuevas amenazas y que quizás tengan razón los que defienden que hay que adaptar las leyes?

R: Hay nuevas amenazas ligadas al terrorismo, pero ni el terrorismo ni la delincuencia común son los principales retos a los que nos enfrentamos. Se puede y se debe reforzar la ley, pero para hacer frente a peligros mucho más graves, como el deterioro ambiental del planeta.

El juez argentino Raúl Zaffaroni.
El juez argentino Raúl Zaffaroni.

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