Europa debe respetar los derechos esenciales de los 'sin papeles'

El Parlamento Europeo debe pronunciarse hoy, en el marco del llamado proceso de codecisión, sobre la adopción de la directiva de retorno fijando un marco para la detención y expulsión de los extranjeros no autorizados a residir en alguno de los Estados miembros de la Unión. El fenómeno de las migraciones internacionales y los problemas de la acogida, la integración y el estatuto de los inmigrantes y de los refugiados son asuntos particularmente sensibles y complejos. Somos absolutamente conscientes de la dificultad que conlleva determinar en este terreno una política europea pragmática ante la situación social y económica de los Estados de la Unión, que sea aceptada por las opiniones públicas y que, al mismo tiempo, sea profundamente respetuosa con la dignidad y las libertades fundamentales de quienes intentan alcanzar una vida mejor en Europa.

Por este motivo, preferimos abstenernos de hacer juicios demasiado rápidos sobre las iniciativas europeas que se están estudiando en esta materia. Sin embargo, tampoco podemos ocultar nuestra inquietud sobre la pertinencia del proyecto de directiva de retorno que hoy se debate. En primer lugar, sobre la pertinencia de que el primer proceso de codecisión sobre inmigración sea un proyecto ligado a la represión, antes de que las condiciones de acogimiento y de integración de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los Veintisiete. Todo un símbolo que no parece de lo más oportuno para nuestros amigos de África, del Magreb o de Oriente Próximo. La pertinencia, sobre todo, del contenido del proyecto, que prevé varias medidas excesivas. La duración de la detención autorizada (18 meses) es totalmente desproporcionada en relación con el tiempo realmente necesario para organizar el retorno de un extranjero (que en Francia ronda una decena de días). La instauración de una prohibición de regresar a territorio europeo durante cinco años tiende a estigmatizar a las personas expulsadas como culpables de un delito por el que deben ser castigadas, y con el riesgo añadido de negarles el ejercicio futuro de los derechos esenciales, como el derecho de asilo o el de reagrupamiento familiar. Finalmente, las garantías previstas para el encarcelamiento o la expulsión de personas vulnerables (menores de edad, enfermos) son muy limitadas, por no decir casi inexistentes.

Las condiciones de privación de libertad y de expulsión de las personas afectadas, según las diferentes legislaciones nacionales, exigen que sea apreciado y evaluado con la máxima atención el necesario equilibrio entre las medidas represivas y las que garantizan una real protección de los derechos fundamentales de estas personas. Este equilibrio tiene que ser imperativamente preservado.

No parece ser el caso del proyecto que será sometido hoy al Parlamento Europeo. ¿No sería más sabio que los parlamentarios se abstuviesen de aprobar el proyecto en su estado actual? Parecería más oportuno pedir a la Comisión Europea -sobre todo a Jacques Barrot, nuevo comisario para estos asuntos- que vuelva a elaborar la directiva de retorno sobre unas bases más conformes con la idea que tenemos sobre cómo debe respetar Europa la dignidad de las personas.