Europa se lavó las manos ante las evidencias de 'guerra sucia'

La actitud de Europa ante las prácticas de la Administración Bush en la lucha contra el terrorismo se han movido entre el escándalo hipócrita y la complicidad culpable. Mientras instituciones como el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa han investigado y denunciado de manera incansable la conculcación del derecho internacional y de los derechos humanos, los Gobiernos europeos, los únicos que podían obstaculizar estas prácticas, han colaborado activamente o han mirado para otro lado, en el mejor de los casos.

Y no es porque no las conocieran. Estados Unidos jamás ha ocultado la existencia de Guantánamo o las condiciones de reclusión de los llamados "combatientes enemigos". Al contrario, intentó justificarlas basándose, entre otros pretextos, en la invocación del artículo Vº del Tratado de Washington, que los países de la OTAN hicieron a raíz de los atentados del 11-S de 2001.

Pero Guantánamo sólo ha sido la punta del iceberg de una estrategia global que ha incluido desde los asesinatos selectivos (como la muerte en Yemen de seis presuntos miembros de Al Qaeda por un misil disparado desde un avión no tripulado Predator) hasta las cárceles secretas (presuntamente ubicadas en Polonia y Rumania, además de numerosos países del Magreb y Oriente Próximo) o los vuelos de la CIA que han surcado los cielos europeos sin que nadie les hiciera ninguna pregunta.

Si alguien no quería enterarse, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se lo dijo claramente a los ministros de Exteriores de la OTAN, reunidos en Bruselas el 7 de diciembre de 2005: "Hemos enviado a mucha gente por todo el mundo".

Los Gobiernos europeos mandaron equipos policiales y agentes secretos a Guantánamo para interrogar a los detenidos, sin preocuparse mucho de si habían sido torturados. Hasta tres misiones envió el Gobierno de José María Aznar de marzo de 2002 a diciembre de 2003, con el pretexto de asistir a los presos de nacionalidad española. Cuando finalmente fueron entregados a España, el Tribunal Supremo determinó que los interrogatorios de Guantánamo no eran válidos, porque se hicieron "sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato judicial".