Evo Morales afronta la crisis política más grave desde su llegada al poder
La protesta indígena deriva en una huelga general contra el Gobierno boliviano
El Gobierno de Evo Morales afronta la peor crisis política y social desde que accedió a la presidencia de Bolivia, hace seis años. Pese al reajuste de su Gabinete no solo no ha logrado apaciguar el descontento ciudadano sino que ha visto aumentar el grado de desconfianza sobre su respeto por la democracia y su capacidad de gestión para solucionar un conflicto que, de una protesta local, ha pasado a ser una cuestión nacional después de la violenta represión policial contra una manifestación indígena.
La poderosa Central Obrera Boliviana (COB) convocó ayer una huelga con carácter inmediato que consiguió paralizar en gran parte el país y alterar la vida cotidiana con manifestaciones callejeras y bloqueos en los puntos estratégicos de circulación en la mayor parte de las ciudades bolivianas. A la protesta se sumaron las universidades, las juntas vecinales -muchas de ellas de El Alto a pesar de ser un bastión del partido gobernante-, y los comités cívicos y entidades civiles de los nueve departamentos del país.
Los ministros de Presidencia y Obras Públicas, en el punto de mira
Al mismo tiempo en el departamento de Santa Cruz, el más grande de Bolivia y el que presenta un mayor grado de oposición a Morales, se mantenía por tercer día consecutivo una huelga de hambre, solidaria con los indígenas. A pesar de que las actividades escolares se suspendieron, las oficinas del Estado cumplieron con relativa normalidad sus actividades.
Todos los convocantes expresaron ayer su apoyo a los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y manifestaron su repudio a la actuación de la policía. La manifestación de las etnias chiman, yuracaré y moxeña y otra veintena de pueblos originarios reclamó que se aplicaran sus derechos constitucionales y fuera amparada su negativa a la construcción de una carretera que partirá en dos el TIPNIS.
El centro de La Paz retumbaba ayer por la detonación de explosivos que marcaban el paso de una manifestación de organizaciones sociales. La multitud recorrió unos cinco kilómetros mientras se lanzaban consignas contra el Gobierno de Morales y se exigía la destitución de los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo.
El Palacio de la Presidencia fue rodeado por un importante cordón policial que impedía el acceso a menos de 200 metros del edificio en la Plaza Murillo. Mientras, en el también protegido Palacio Legislativo, el vicepresidente Álvaro García Linera trataba de calmar los ánimos de los diez congresistas indígenas del partido oficialista, Movimiento Al Socialismo (MAS), que han amenazado con sumarse a la oposición y poner en peligro los dos tercios de voto que mantiene el oficialismo.
"El malestar es tan grande que la renuncia del ministro Sacha Llorenti [ministro de Interior] no ha sido suficiente", apunta el analista Carlos Cordero, quien considera que "esta situación de crisis tan grave puede llevar a una espiral de violencia y a que Bolivia se acerque a una coyuntura similar a octubre de 2003". Se trata de la asonada civil que derrocó al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).
Desde Cochabamba, la socióloga María Teresa Zegada apuntó que al conflicto del TIPNIS se ha sobrepuesto otra crisis política a raíz de la ambigüedad que el Gobierno refleja en el manejo y aplicación del discurso democrático. "Los dos últimos discursos de Morales generan mayor incertidumbre entre los bolivianos, pues no ha mostrado una clara viabilidad de solucionar el conflicto del TIPNIS".
En cuanto al futuro de la carretera, este ha quedado postergado hasta un referéndum, aunque las obras de los dos tramos continúan trabajándose. La empresa brasileña no recibió orden de paralizar obras.
Entre la ciudadanía crece la desconfianza sobre la capacidad real que pueda tener el Gobierno para dar soluciones definitivas al conflicto indígena, así como del respeto a la Constitución, -texto que ha recogido las iniciativas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales- y su aplicación. Morales ha quebrantado ya 35 artículos de esta Carta Magna, según un recuento periodístico.
El Gobierno espera que una comisión investigadora resuelva el enigma de las responsabilidades e identifique a quienes asumieron la decisión de intervenir y reprimir tan duramente a la columna indígena.
