Francia aparca las pruebas de ADN para inmigrantes "por inaplicables"

El Gobierno francés aparca una de sus medidas más polémicas: la prueba de ADN a los inmigrantes que solicitan el reagrupamiento familiar y a los que es difícil probar la filiación por ausencia de censos y pruebas documentales fiables. El ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró el domingo que renunciaba a la aplicación de esta ley debido a que no cuenta con los instrumentos necesarios como para que se aplique con las medidas pertinentes.

"Sólo la madre puede solicitar este test a fin de que quede probado el reagrupamiento familiar, y sólo voluntariamente", explicó Besson, que añadió, "pero la ley especifica también que es necesario garantizar la confidencialidad, la seguridad y el hecho de que de ninguna manera se creen ficheros". Y agregó: "Nuestros consulados no están equipados con el material necesario como para garantizar esto". Por eso, el ministro de Inmigración no firmará el decreto de aplicación de la citada ley, que, por tanto, quedará arrumbada en el limbo de lo inconcreto hasta nueva orden.

De esta manera, el Gobierno francés echa para atrás una medida aprobada en octubre de 2007, muy contestada por toda la izquierda (y parte de la derecha), por considerarla inconstitucional. El día de la votación, cuatro diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del presidente Nicolas Sarkozy, se manifestaron en contra y 21 se abstuvieron. La ex ministra Simone Veil, miembro del Consejo Constitucional y que dio su apoyo al candidato Sarkozy en 2007, se opuso frontalmente a este tipo de pruebas. De hecho, tanto la Asamblea Nacional como el Senado -y el Consejo Constitucional meses después- añadieron a la ley salvedades y prevenciones.

Recordando esto, Besson explicó: "Yo no voy a firmar el decreto de aplicación por una razón muy simple: los legisladores aportaron tantas obligaciones que esa ley no es aplicable dentro del Estado".

Ya en febrero, pocos días después de haber sido nombrado ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Besson, un notable dirigente socialista con proyección antes de abandonar las filas del PS dando un portazo para pasarse al bando enemigo y convertirse en correligionario de Sarkozy, tuvo que tragarse ese sapo en forma de pregunta sobre si estaba de acuerdo con las pruebas de ADN o no. Para un ex militante de la izquierda responder sobre ese espinoso asunto se antojaba complicado. Pero ya entonces, Besson afirmó: "Mi intuición, de cualquier manera, es que esa ley se podrá aplicar poco debido a las garantías que arrastra".

El anuncio de Besson, hecho público en una radio, ha acarreado un alud de repercusiones variadas. El presidente de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, Patrick Gaubert, sentenció: "Besson es valiente. Y yo me quito el sombrero por su decisión. Hacer una ley sobre test de ADN es completamente inaceptable".

No todos están de acuerdo. El presidente del grupo de la UMP en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, aseguró que si la ley fue votada y aprobada por el Parlamento, debe ser aplicada. "El Gobierno tiene el deber de firmar los decretos de aplicación de esa ley", añadió, "o, por lo menos, avisarlo para discutirlo con los diputados".

El primer ministro François Fillon, contemporizó sin concretar demasiado: "No se entierra una ley como se ha dicho por ahí: simplemente, no es aplicable. Por el momento, no tenemos medios para ponerla en marcha con las garantías prescritas. Así que mientras no los encontremos, no se aplicará".

La asociación SOS Racismo se felicitó por la decisión a través de un comunicado en el que da por zanjado el asunto: "El detestable capítulo de los tests de ADN para el reagrupamiento familiar queda definitivamente cerrado". "Esta disposición populista", prosigue SOS Racismo, "que relacionaba inmigrantes con defraudadores, no era ni operativa desde el punto de vista técnico ni defendible desde el punto de vista ético y republicano".

El senador socialista Richard Yung aseguró que, aunque se alegra de la marcha atrás del Gobierno, lamenta que ésta se deba a "razones técnicas y no éticas". "De cualquier manera, habrá que estar atento, porque, con la mayoría gubernamental deslizándose hacia la extrema derecha, no es extraño que haya todavía quien defienda la aplicación de esta medida, y si no, fíjense en Copé", concluyó.