Francia pide una resolución más dura contra Teherán

A la espera de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) presente en breve su informe sobre Irán, en el que previsiblemente constatará la intensificación del programa nuclear en ese país, el ministro de Exteriores de Francia, Philippe Douste-Blazy, declaró ayer que la ONU debe ir "un poco más lejos" en las sanciones ya adoptadas contra el régimen de Teherán. "Ahora hay que redactar una nueva resolución que vaya un poco más lejos que la que adoptamos por unanimidad el 23 de diciembre", dijo Douste-Blazy en Moscú, donde se encuentra de visita oficial. "Sólo así la unidad y la firmeza de la comunidad internacional impulsarán un debate de fondo en Irán sobre la política del presidente [Mahmud] Ahmadineyad".

Ayer concluía el plazo de 60 días dado por el Consejo de Seguridad de la ONU para que Irán detuviera su programa de enriquecimiento de uranio, que puede ser utilizado como combustible en las centrales nucleares, pero también para fabricar la bomba atómica. En su resolución de diciembre, la ONU decretó la prohibición de transferencias tecnológicas nucleares a Irán y la congelación de fondos extranjeros de personas y entidades vinculadas al programa atómico. La resolución dejaba además la puerta abierta a nuevas sanciones en el caso de que Teherán hiciera caso omiso de las advertencias internacionales.

El presidente Ahmadineyad reiteró ayer su determinación de que Irán domine la tecnología nuclear "lo antes posible". "Vale la pena detener otras actividades durante una década y centrarse sólo en la cuestión nuclear", dijo, sin especificar a qué actividades se refería. Sin embargo, el debate interno del que hablaba el ministro francés es cada día más notorio en Irán. Ayer mismo, un partido reformista iraní, la Organización de los Muyahidin de la Revolución Islámica, pidió la congelación de las "actividades nucleares ultrasensibles". Se trata de la primera vez que un partido le pide a Ahmadineyad que acepte las demandas de la ONU. Para este grupo, el Gobierno pone en peligro "la seguridad nacional y los derechos de los iraníes".