Fuerte presión sobre Obama para investigar la 'era Bush'

Aunque Barack Obama ha manifestado reiteradamente su deseo de no echar la vista la atrás, la revelación de que el propio ex vicepresidente Dick Cheney ordenó a la CIA matar a Bin Laden sin comunicarle previamente sus planes al Congreso, puede ser la última prueba de que los abusos de poder cometidos durante la anterior Administración exceden los limites de lo que puede ser ignorado sin perjudicar gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas y del propio sistema.

Obama tiene que hacer frente a una presión creciente tras este último episodio. La CIA había puesto en marcha después del atentado del 11-S un plan secreto contra Al Qaeda. Ese plan se fue desarrollando -la verdad es que bastante lenta y torpemente- sin que ninguno de quienes ocuparon el puesto de director de la CIA desde entonces se atreviese a discutir la orden de Cheney de hacerlo a espaldas de los representantes populares, como manda la ley. Tuvo que cambiar el color del Gobierno, para que el actual jefe de la agencia, Leon Panetta, después de recabar información sobre el asunto, lo transmitiese al Capitolio y le pusiera fin.

Fuentes oficiales han informado de que, en esencia, lo que el programa incluía era dinero y entrenamiento para formar un equipo de super agentes capaz de liquidar el problema de Al Qaeda por la vía rápida, es decir, matando a sus principales dirigentes.

Al parecer, el proyecto fue aplicado tan penosamente que los profesionales de la CIA se avergonzaban de él. En realidad, ni pudo ser creado nunca un equipo tan extraordinario ni, que se sepa, mataron nunca a nadie de relevancia. Todo lo que ha quedado es un horrible caso de instrumentalización de un departamento oficial y un gran motivo de bochorno para el Gobierno anterior y de preocupación para el actual.

Varios senadores demócratas han advertido ya que esto no puede ser pasado por alto y que va a ser difícil satisfacer los deseos de Obama de mirar para adelante. "Siempre he dicho que lo mejor hubiera sido crear una comisión de investigación sobre todos esos asuntos", ha manifestado el presidente del comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.

Otra senadora demócrata muy influyente, la presidenta del comité de Inteligencia, Dianne Feinstein, ha advertido que lo hecho por Cheney es algo muy grave, "algo que nunca debería de haber ocurrido y que nunca debería volver a ocurrir". "Algo probablemente ilegal", ha añadido el senador demócrata, Dick Durbin.

La oposición republicana, ya atormentada por multitud de problemas internos, ha optado de momento por guardar silencio o por disminuir la importancia del asunto. Según, el máximo representante republicano en el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Pete Hoekstra, el Gobierno no gastó en el proyecto de Cheney más de 50 millones de dólares y "nunca llegó realmente a empezar".

Ciertamente, lo más grave de este suceso no es el proyecto en sí, sino el desprecio demostrado por parte del anterior Ejecutivo al papel del Legislativo. Eso ya se puso recientemente en evidencia cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo públicamente que la CIA la había engañado sobre el uso del llamado waterboarding (el ahogamiento fingido). Aunque recibió duras críticas de la oposición, Panetta acabó reconociendo que Pelosi había dicho la verdad y que había documentos que lo demostraban.

Frente a pruebas tan contundentes, ¿cómo no hacer nada? Para Obama, desde luego, una investigación de ese tipo ahora podría representar una enorme distracción de su ambiciosa agenda política y, además, un riesgo de aparecer como revanchista a los ojos de la opinión pública.

Pero el fiscal general, pese a ser nombrado por el presidente, tiene independencia para actuar de acuerdo con su criterio, y hay señales de que está decidido a abrir algún tipo de investigación, si no mediante la fórmula de una 'comisión de la verdad', sí con la designación de un fiscal especial sobre el caso.

"Confío en que la decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente, pero eso no va a influir en mi decisión", ha declarado el fiscal general, Eric Holder, al semanario Newsweek.

Obama tampoco se ha negado taxativamente a abrir una investigación. En varias declaraciones, en el pasado, el presidente ha dejado claro que nadie deber de estar por encima de la ley. Pero Obama, un pragmático impenitente, parece prestar más oídos, en relación con este asunto, a sus consejeros que le advierten sobre el daño que se puede causar a los servicios de inteligencia y sobre el perjuicio que se puede ocasionar a funcionarios que, en última instancia, todo lo que hicieron fue cumplir órdenes.