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Fuga de nueve reos islamistas de una cárcel de Marruecos

Con sus murallas, Kenitra tenía la reputación de ser la cárcel más segura de Marruecos -no se había producido ninguna evasión desde 1955-, pero dos recientes fugas han dado al traste con su fama.

Nueve presos islamistas, condenados en el marco de los juicios celebrados tras los atentados de mayo de 2003, se fugaron ayer del penal de Kenitra (a 40 kilómetros al norte de Rabat), según informó un comunicado del Ministerio de Justicia. Las explosiones de Casablanca causaron 45 muertos -entre ellos 12 kamikazes- y un centenar de heridos.

Entre los evadidos figuran dos condenados a muerte y siete a cadena perpetua, pero no está el ex imán de Burgos, Bouchaib Maghder, casado con una española y con tres hijos de la misma nacionalidad, según indicó Abderrahim Mouhtad, presidente de Ennassir, una asociación de ayuda a los presos islamistas.

Para fugarse excavaron un túnel desde las dos celdas contiguas que compartían hasta el exterior del recinto amurallado. La evasión se produjo de noche y sólo ayer a mediodía la Gendarmería erigió controles para tratar de atraparlos.

En sus celdas dejaron una carta, según reveló Mouhtad, en la que "denuncian la injusticia que padecían". Los demás reos islamistas, unos 900 en todo el país, efectuaron precisamente ayer una huelga de hambre de un día en protesta por las condiciones de su encarcelamiento.

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"Hemos intentado todos los recursos legales y golpeado todas las puertas, pero ha sido en vano", aseguran los reos fugados en la misiva.

"Sólo nos quedaba esta iniciativa para recuperar la libertad", prosiguen. "No haremos daño a nadie, pero estamos felices de recobrar nuestra querida libertad". "Asumimos nuestros actos y no hay que buscar complicidades entre los demás prisioneros ni en el seno de la administración penitenciaria".

Esta última ya pagó un alto precio en enero, un mes después de la evasión de Mohamed Ouazzani, un barón de la droga que posee la nacionalidad española. Los guardianes de Kenitra no comunicaron la fuga, de la que el Ministerio de Justicia se enteró gracias a una denuncia anónima.

Ocho funcionarios de prisiones fueron condenados por complicidad a penas de entre dos meses y dos años.

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