El Gobierno mexicano niega haber ocultado datos a las familias de los mineros

El Gobierno mexicano negó ayer que haya ocultado información a los familiares de los 65 mineros atrapados en el interior de una mina de carbón en el norte del país, en el Estado de Coahuila y rechazó las críticas de ocultamiento de información. “Es mentira que se haya ocultado información”, afirmó el secretario (ministro) del Trabajo de México, Francisco Javier Salazar.

Salazar estuvo al mando de las operaciones de rescate suspendidas hace tres días por la excesiva acumulación de gas metano dentro de la mina Pasta de Conchos.

El sábado pasado, las autoridades declararon muertos a los 65 mineros atrapados después de una explosión registrada seis días antes por acumulación de gas grisú en el interior de la mina. “La información a la que tuvimos acceso, proporcionada por las brigadas que salían de la mina y de los análisis de la empresa y de los técnicos estadounidenses, fue liberada primero a los familiares y después a los medios con toda oportunidad”, dijo Salazar.

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, criticó la presunta manipulación de la información del siniestro y sostuvo que los familiares fueron burlados por los que manejaron el rescate.

“Se puede entender una tragedia, pero no se puede perdonar una mentira”, declaró ayer Moreira, distanciado y crítico con el Gobierno federal por el caso de la mina.

Al respecto, Salazar apuntó que es “lamentable que alguien quiera especular y sacar una ventaja política con el dolor de las familias, o utilizarlo para hacerse popularidad”, e insistió en que “no hubo ocultamiento de información”.

Ayer comenzaron las tareas de desgasificación de la mina, para lo cual se instalarán bombas y extractores de aire para que “sea seguro el ingreso de brigadas de acondicionamiento y las de recuperación de los cuerpos de los mineros”, destacó el secretario.

Subrayó que todos los empleados estaban afiliados al Seguro Social por lo que recibirán indemnizaciones, garantías y pagos, pensiones y becas “se darán igual a todas las familias de los trabajadores”. Y que el Gobierno velará para que la empresa cumpla el ofrecimiento de una indemnización de 750.000 pesos por familia (unos 71.428 dólares).