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Reportaje:

¿Goza Al Qaeda de libertad de expresión?

Un tribunal juzga en EE UU los límites entre opinión e incitación al terrorismo

¿Tiene el portavoz de Osama Bin Laden, un yemení de 39 años que fue uno de sus asesores más cercanos en Afganistán, derecho a la libertad de expresión? Ese hombre, Ali al Bahlul, produjo en 2000 un vídeo en el que mostraba a uno de los terroristas del 11-S, Said al Ghamdi, disparando un misil antiaéreo y en el que llamaba a los musulmanes a unirse a Al Qaeda y a combatir a Estados Unidos. Si ese vídeo es una incitación directa al terrorismo, o una mera opinión, es algo que se delibera en estos días en un tribunal militar estadounidense, en la primera apelación formal contra un veredicto y condena de cadena perpetua a un preso por parte de las comisiones militares de Guantánamo.

El portavoz de Bin Laden invoca en un recurso el derecho fundamental

En España existe el delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta dos años de cárcel. Semejante castigo es inconstitucional en Estados Unidos. Según una sentencia del Tribunal Supremo de EE UU de 1969, emitida a partir de un acto de racismo de un miembro del Ku Klux Klan, los estadounidenses pueden pronunciar cualquier discurso, por radical o inflamatorio que sea, siempre que no se esté conminando a alguien a cometer un crimen inmediatamente. Además, para inculpar a alguien, el crimen se debe haber consumado, no basta con la intención.

Con semejantes limitaciones, tres jueces de la comisión federal de revisiones militares deben decidir ahora, entre otras cosas, si Al Bahlul tiene derecho a la libertad de expresión como ciudadano extranjero y si su discurso fue en realidad una incitación directa para que los terroristas del 11-S atentaran inmediatamente contra EE UU y asesinaran a casi 3.000 personas. Al Bahlul fue juzgado y condenado en 2008 a cadena perpetua por conspiración, instigación a cometer crímenes de guerra y apoyo material al terrorismo.

Uno de los sumarios de los tribunales que decidieron en 2004 si los detenidos en Guantánamo eran enemigos combatientes y podían ser juzgados por comisiones militares consideró probado que "recibió dos meses de adiestramiento avanzado en un campo de entrenamiento de Al Qaeda", "hizo un juramento de fidelidad a Osama Bin Laden", quien le "designó como su director de comunicación y secretario de relaciones públicas", "compartió piso con dos de los terroristas del 11-S" y "había manifestado que mataría americanos".

"Esto no es un simple caso de propaganda a favor del terrorismo", explica el capitán de la Marina Edward S. White, que representa al Gobierno de EE UU en la apelación. "Es un vídeo producido para el reclutamiento de terroristas para que atenten contra ciudadanos estadounidenses, que instigaba a cometer unos crímenes que se acabaron materializando en septiembre de 2001. Tampoco es un caso de libertad de expresión. El señor Al Bahlul no sólo expresa opiniones en ese vídeo. Su objetivo manifiesto es reclutar terroristas suscitando el odio en contra de su objetivo, EE UU. Se emitía en diversos campos de entrenamiento en Afganistán. El resultado de sus instigaciones es evidente: el 11-S".

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La defensa de Al Bahlul, sin embargo, pide un nuevo juicio. Considera que el vídeo es un resorte más en la gran maquinaria de propaganda de Al Qaeda y que no incita a cometer ningún acto de violencia específico. "Puede que defienda la violencia, el antisemitismo o las agresiones a las mujeres, pero ninguna de esas incitaciones son concretas en tiempo, lugar o modo", dijo su abogado, Michel Paradis, en la vista del pasado martes. Además, argumentó ante los jueces que condenar a Al Bahlul por su vídeo significaría lo mismo que prohibir libros como Mi lucha, la autobiografía de Adolf Hitler, o El guardián en el centeno, porque incitan a la violencia.

Los jueces militares deberán decidir, en las próximas semanas, si permiten que se repita el juicio de Al Bahlul en un tribunal civil. Cinco de los terroristas acusados de perpetrar los atentados de 2001 serán juzgados próximamente en un tribunal federal de Nueva York. El Gobierno está decidiendo aún la ubicación de ese juicio.

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